Chocó

 

Datos Departamentales1: • Gobernador : Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera • Población: Total población 510.047 I 49.17% Cabecera; 50.83% Rural II 50.12% Hombres; 49.88% Mujeres III 73.61% Negro, Afrocolombiano; 11.36% Indígena; 4.67% sin pertenencia étnica (2005) IV

Indicadores Humanitarios y de desarrollo: • Población desplazada: PDI individuales: 5.314 (2008-2017); 656 (2015); 2.640 (2016) i PDI masivos: 38.804 (2009-2017) ii: 51.36% mujeres, 47.99% hombres, 0.62% sin información, 0.03% LGTBI iii; 7.137 (2016); 3.876 (2017) iv • Víctimas de Minas: Civil: 75 (1990-2017); 3 (2016) v; 1 (2017) vi Fuerza Pública: 69 (1990-2017); 9 (2016); 0 (2017) 11.89% mujeres, 88,11% (1990-2017) vii • Acceso y Confinamiento: 124 eventos (2013-2017); 42 (2016); 10 (2017) 75.727 afectados* (2013-2017); 17.158 (2016); 5.884 (2017) viii • Desastres Naturales: 769.351 (2011-2017); 165.047 (2016); 1.245 (2017) ix • Homicidios: 133 (2015) 173 (2016): 90.2% hombres, 9.8% mujeres x • Amenazas: 129 eventos (2008-2017); 23 (2016); 13 (2017) xi • Ataques contra la población civil: 349 eventos (2008-2016); 54 (2016); 22 (2017) xii • Acciones Bélicas: 333 eventos (2008-2016); 40 (2016); 15 (2017) xiii • Pobreza por ingresos: 62.8% (2015); 59.8% (2016) xiv • Cobertura educación media: 56.2% (2013); 64.9% (2014) xv • Mortalidad Infantil: 42.8 (2013), 43.3 (2014) por cada 1.000 nacidos vivos xvi • Desempleo: 15.1%: 10.7% hombres, 20.3% mujeres (2015); 17.5% (2016) xvii

El Departamento de Chocó se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de Colombia, bañado por los océanos Atlántico y Pacífico. Limita al norte con la República de Panamá y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con Valle de Cauca; y por el oeste con el océano Pacífico. Tiene una extensión de 46.530 km2, distribuidos en 30 municipios.

Mensajes Clave 

  1. La crisis humanitaria, económica y social que se agudiza en Chocó implica un importante reto de coordinación entre instituciones gubernamentales, Organizaciones Étnico Territoriales (OET) y de cooperación, con el fin de redoblar esfuerzos y complementar las acciones que permitan superar las afectaciones a las comunidades, los territorios y el medio ambiente.
2. Los conflictos en el territorio sumados a las persistentes acciones bélicas y ataques contra la población civil en zonas rurales y, cada vez más, en urbanas, están profundizando una crisis humanitaria que se suponía sería superada en buena parte con la firma del acuerdo de paz con las FARC. Es necesario reforzar la presencia del Estado y fortalecer la capacidad de acción de las OET y las comunidades mismas.
3. La brecha entre el progreso promedio del país y el del Chocó es amplia. El departamento encabeza todos los indicadores que resaltan su estancamiento en desarrollo: pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, violencia sexual y basada en género, desempleo, carencia de servicios públicos, inasistencia y deserción en educación, déficit de vivienda, precariedad del derecho a la salud, entre otros. Buscar la activación de la economía departamental, lejos de una base de economías extractivas, es perentorio para sanar esa brecha y alcanzar indicadores acordes con los ODS.

Contexto en construcción de paz y retos

Mensajes clave

• Los enfrentamientos por el control territorial se hacen cada vez más comunes. En las zonas rurales, las disputas por las zonas que estaban bajo el control de las FARC (hasta su desmovilización) se han dado a través de incursiones y enfrentamientos de Grupos Armados No Estatales (GANE), generando afectaciones directas sobre las comunidades. De la misma manera, en las zonas urbanas la violencia perpetrada por GANE y bandas delincuenciales por el control del territorio ha incrementado, afectando a la población civil. • Es importante fortalecer las numerosas iniciativas de paz existentes en el departamento y los impulsos por concretar la implementación de los acuerdos en materia de derechos de las víctimas, participación y promoción de derechos de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad como las mujeres, adolescentes y comunidades afro e indígenas. • Continúa siendo apremiante la inversión y la gestión más eficientes de las instituciones locales y nacionales en el territorio, con el fin de mejorar las condiciones de vida y garantizar la construcción de una paz con derechos. De la misma manera, es necesario que los gobiernos nacional y departamental escuchen las crecientes movilizaciones sociales y den respuesta a las exigencias que, en su totalidad, se enfocan en la conquista de derechos.

1. Conflictos en el territorio

Los conflictos del territorio chocoano tienen raíz en el aprovechamiento ilícito de su riqueza natural y su posición geo estratégica. El departamento se constituye como un corredor para el tráfico de estupefacientes y personas, desde el sur de la Región Pacífico hacia el norte, en su salida al Océano Atlántico. Las principales fuentes económicas son actividades extractivas ilegales: minerales (principalmente oro) y madera. Estas actividades han generado deforestación, contaminación de fuentes hídricas y de alimentación, así como un arraigo de diversos grupos armados ilegales: guerrillas, grupos paramilitares y bandas delincuenciales. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las disputas por los territorios dejados por esta guerrilla han ocasionado fuertes impactos violentos sobre las poblaciones en todo el departamento. Recientemente, ha incrementado el control de las zonas urbanas por parte de actores armados y criminales. La presencia estatal en el territorio es precaria, no hay reconocimiento de la institucionalidad nacional, departamental y municipal en las comunidades, y hay un fuerte cuestionamiento hacia su gestión administrativa. La falta de políticas públicas sólidas y compenetradas con la realidad del departamento dificulta la producción económica y de empleo, la atención y prevención de frecuentes desastres naturales, y el cumplimiento de los estándares internacionales mínimos en materia de vivienda, alimentación, agua potable, acceso a la salud, protección y bienestar social y a educación de calidad.

2. Derechos de las víctimas

Las cifras sobre víctimas por el conflicto armado en el departamento del Chocó indican que, desde 1985, 449.845 personas han sido víctimas por el conflicto armado (50.9% mujeres, 48.3% hombres). El desplazamiento es el mayor hecho victimizante con 429.199 personas, seguido de la amenaza (15.055) y el homicidio (11.264). Según los datos registrados, las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de bienes e inmuebles, desplazamiento, tortura, delitos contra la integridad sexual y amenaza. Los hombres, en cambio, se han visto más damnificados por homicidio, desaparición forzada, secuestro, actos terroristas y minas antipersona3. Los principales problemas que enfrentan las víctimas para acceder a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación están relacionados con la ausencia de presencia estatal, la dificultad de coordinación entre instituciones gubernamentales, los altos costos que acarrean los procesos para éstas y las dificultades de acceso a los territorios. Las Organizaciones Étnico-Territoriales (OET) del departamento y otras organizaciones sociales, como el Comité de Víctimas, trabajan realizando incidencia con instituciones municipales, departamentales y nacionales, así como con vías de derecho y seguimiento a los procesos en busca de la garantía de dichos derechos. Cabe resaltar que en el departamento hay dos procesos emblemáticos en materia de reparación a víctimas del conflicto armado: Bojayá y el Resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Aunque estos significan importantes avances, la labor institucional carece de perspectiva étnico-territorial y de género, no tiene en cuenta los procesos de consulta previa y manifiesta déficits de coordinación.

3. Movilización social

Las protestas y movilizaciones son uno de los medios de las comunidades para lograr compromisos por parte de las entidades estatales. En el último trimestre de 2016 y lo corrido del año 2017 se destacan las movilizaciones por el control territorial de Belén de Bajirá, promovidas por el Comité Prodefensa de Belén de Bajirá y el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó -realizadas en Bogotá, Quibdó y Riosucio-; los bloqueos de vías por parte de comunidades indígenas en diferentes municipios, buscando reconocimiento de sus derechos fundamentales; la unión de las madres comunitarias del Chocó al paro nacional del mes de marzo de 2017; y el nuevo paro cívico convocado por el Comité Cívico para mayo de 2017, contra los incumplimientos del Gobierno Nacional en los acuerdos del paro cívico departamental de agosto de 2016 en materia de vías, empleo, servicios públicos, salud, educación, cultura y deporte. Además, fueron importantes las movilizaciones y mítines por el cese bilateral y definitivo al fuego entre el Gobierno y las FARC a finales del 2016.

4. Capacidad institucional y social

Una característica del departamento es su composición poblacional indígena y afrodecendiente, con identidad cultural propia y formas organizativas que, a pesar de estar amparadas por leyes nacionales e instrumentos internacionales de protección, tienen poco impacto en las instituciones del Estado. Las OET (consejos comunitarios de afrodescendientes y asociaciones indígenas) tienen estructuras consolidadas a lo largo del territorio, pero no cuentan con capacidad fortalecida de ejercer control sobre las medidas que reglan las gestiones sobre éste. En materia institucional la legitimidad, credibilidad y articulación con la sociedad son casi nulas. Según el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) 2015-2016, Chocó es el departamento con mayor riesgo de corrupción en el país. En la capital, la situación es muestra de lo que pasa en el departamento: según los resultados de la encuesta Quibdó Cómo Vamos de febrero de 2017, el 88% de los quibdoseños cree que la ciudad “va por mal camino”; mientras sólo el 9% tiene una visión favorable del alcalde en ejercicio y el 8% del Concejo de la ciudad.

5. Seguridad ciudadana

El departamento cuenta con la Fuerza de Tarea conjunta TITAN- FTC, integrada por tropas de la Séptima División del Ejército, un componente de la Fuerza Naval del Pacífico y unidades del Comando Aéreo de Combate No.5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC); además, hace presencia la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.2 y la Policía Nacional, esta última con estaciones en todos los municipios y corregimientos. Persisten amenazas y violencia efectiva contra las comunidades en virtud del contexto político. Disputas territoriales entre las AGC y el ELN han derivado en enfrentamientos, desplazamientos, homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad y confinamientos, mantienendo la crisis humanitaria tanto en zonas rurales como en cabeceras municipales. Los municipios más afectados han sido El Litoral del San Juan, Alto Baudó, Lloró y Riosucio. En las principales ciudades, fenómenos de delincuencia, homicidios selectivos, extorsión a comerciantes y "limpieza social" se han tomado los entornos. Según la encuesta Quibdó Cómo Vamos, sólo el 8% de los habitantes se siente seguro en la ciudad. La Iglesia Católica y Pastoral Social han encabezado la labor de promover la convivencia y la resolución pacífica de las diferencias mediante llamamientos públicos y programas en las zonas urbanas más afectadas.

6. Hechos de implementación de paz

Por resolución departamental, desde abril de 2016 está en funcionamiento la Mesa Técnica Departamental de Posconflicto y Construcción de Paz, impulsada por la Gobernación y una alianza por la paz y la reconciliación. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, en conjunto con la URT, la Gobernación y ministerios, viene realizando Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La UARIV, la Fiscalía General, Medicina Legal, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y ONU DDHH adelantan, junto al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, el proceso de identificación, individualización y entrega digna de los restos mortales de quienes murieron el 2 de mayo de 2002 y los días siguientes. Así mismo se está construyendo el Plan Integral de Reparación Colectiva para Bojayá y el resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Desde la firma de los acuerdos, la Misión de la ONU en Colombia viene trabajando en conjunto con la totalidad de la Misión de Monitoreo y Verificación (MMV) en dos Puntos Transitorios de Normalización (PTN): Florida (municipio de Riosucio), para los ex combatientes del Frente 57, y Vidrí (municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, que tiene entrada por el río Atrato), para los frentes Aureliano Rodríguez y 34.

Contexto de desarrollo sostenible y retos

Mensajes clave

• El Departamento del Chocó presenta las mayores tasas de pobreza y pobreza extrema del país, aun cuando las autoridades competentes han realizado esfuerzos para disminuir los indicadores. Los municipios de Alto Baudó, Medio Atrato, Medio Baudó, Riosucio, Río Quito, Atrato, Bojayá, Juradó, Cértegui, Istmina, Tadó, Carmen Del Darién y Río Iro son los más afectados en términos de desigualdad en la distribución de los recursos. • Los principales factores que obstruyen el desarrollo y afectan la integridad de la población están relacionados con la debilidad del aparato productivo y el desempleo de allí derivado, alto nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas, conflicto armado que afecta a 384.428 habitantes y minería ilegal. • El clima húmedo y la diversidad de fauna y flora son características del departamento. Por esta razón, existen varias zonas de protección ambiental: Área Especial de Reserva Ecológica, tres Parques Nacionales Naturales de Colombia (Los Katios, Tatamá y Ensenada de Utría) y reservas forestales. Existen organizaciones dedicadas al control y vigilancia de dichas zonas como la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo-CODECHOCO-, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato -COCOMACIA- y el Instituto de Investigación Ambiental del Pacifico -IIAP-.

1. Pobreza

La incidencia de pobreza monetaria para el departamento del Choco fue de 62,8% en 2015, una cifra muy por encima de la incidencia de la pobreza monetaria nacional, de 27,8% para 2015. Con respecto a la pobreza extrema, en el 2015 en Chocó fue 37,1% y a nivel nacional de 7,9%, lo cual quiere decir que para 2015 la pobreza extrema en Chocó superó en aproximadamente 29 puntos porcentuales el nivel nacional. Estas cifras son el reflejo de diferentes deficiencias bien sea en cobertura o calidad de servicios, seguido de dependencia económica, hacinamiento, e inasistencia institucional y gubernamental. Con respecto a la distribución de los ingresos, el índice de Gini del Chocó para 2014 y 2015 fue de 0,598. Estos indicadores son mayores a los calculados a nivel nacional. La pobreza ha sido perpetuada por los altos niveles de fecundidad en niveles elevados en el departamento. Para el período 2010-2015 las mujeres en Chocó tenían 3,63 hijos en promedio, mientras que, en Colombia el promedio equivale a 2,35. El índice de fecundidad en el departamento proyectado entre 2015 y 2020 y en edades entre los 15-19 años se acerca a un índice 0.086 respecto de un índice nacional de 0.073.

2. Mercado laboral

El Departamento de Chocó presentó una tasa de desempleo del 11% en 2015, la cual se redujo en 1,4 puntos porcentuales con respecto a 2014 en donde fue de 12,4%. Durante 2014 y 2015, la tasa global de participación fue de 44,9% y 48,7%; este aumento de casi 4 puntos porcentuales se explica por un crecimiento de la tasa de personas en edad de trabajar, las cuales en su mayoría son individuos entre los 24 y 36 años de edad. Debido al nivel de desempleo existente, se presenta una baja remuneración de los factores (trabajo, capital), incompatibilidad de competencias, altos niveles de pobreza y un alto nivel de dependencia económica del jefe de hogar. La consecuencia del desempleo, la informalidad y la desocupación ha ocasionado una importante emigración de jóvenes en busca de mejores oportunidades: para el período 2010-2015, más de la mitad de las personas que se fueron de Chocó (55,6%) estaban entre los 15 y los 34 años.

3. Educación

El Departamento del Chocó debe realizar gran un esfuerzo para lograr cerrar las brechas en materia de cobertura en educación media, pues según cifras del Ministerio de Educación Nacional para 2014 se encontraban matriculados 144.159 niños y jóvenes en instituciones de carácter oficial y 2.511 en instituciones no oficiales. Sin embargo, cabe resaltar que en comparación con 2013 el número de matriculados aumentó en 5445 y 414 para instituciones de carácter oficial y privado respectivamente. La tasa de deserción intra-anual es del 7.45% donde los factores asociados a los efectos del conflicto armado y limitaciones para fortalecer la oferta institucional son problemáticas identificadas en primer orden en el departamento. La Secretaria de Educación administra la prestación del servicio de educación en 29 municipios no certificados de los 30 municipios del departamento y equivalente a 154 establecimientos educativos. En particular 38 centros educativos concentran población indígena y en 116 centros educativos a población afro.

4. Salud

Entre el periodo comprendido de 2010 a 2015, según cálculos del DANE, la tasa de mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos en Chocó fue de 70,4%, y se espera que para el período de 2015 a 2020 sea del 65%. La cobertura de vacunación para 2015 fue de 82,4%, mientras que en 2014 fue 85,8%, es decir, se produjo una disminución en la cobertura de vacunación de 3,4 puntos porcentuales según cifras del Ministerio de Salud. Esto es reflejo de que aún quedan muchos esfuerzos por parte de la Gobernación del departamento para generar mejor calidad en salud infantil. El sistema de salud en el departamento del Chocó, presenta diferentes inconvenientes que impiden su pleno desarrollo y se asocian a factores de déficit en infraestructura sin capacidad de atención en hospitales de primer nivel que contrasta con los esfuerzos para readecuar siete (7) centros de salud en corregimientos como Winandó, Pacurita, Calahorra y Tutunendo entre otros. En 2015 el número de afiliados del régimen subsidiado en el departamento ascendía a 387.459 reflejando una reducción de cerca de un punto porcentual por año desde 2013.

5. Vivienda y servicios públicos

El Departamento del Chocó posee deficiencias de cobertura en vivienda y servicios públicos, tales como acueducto, alcantarillado y recolección de basuras. La cobertura de vivienda con servicio de acueducto en Quibdó en promedio en 2014 fue del 28% lo que representó un acceso al servicio de 7.150 usuarios de 23.500 esperados para 2015. La única fuente de suministro de agua potable es el rio Cabí que nace entre las poblaciones de Guadalupe y Tutunedo y enfrenta afectaciones por el vertimiento de cargas contaminantes provenientes de la minería extractiva, y vertimiento de aguas residuales. La cobertura de viviendas con servicio de alcantarillado en Quibdó en 2014 fue de 12% lo que representó un acceso al servicio de 3.552 usuarios. La cobertura de vivienda con servicios de aseo en Quibdó fue de 88% equivalente a una prestación del servicio a 26.505 usuarios en 2014.

6. Sostenibilidad

El Departamento del Chocó cuenta con 12 áreas protegidas entre las que se cuentan distritos regionales de manejo integrado, parques nacionales y reservas forestales protectoras. En el departamento existen gran cantidad de especies vegetales y animales que, debido a su ubicación, condiciones topográficas y climáticas le permite ser el departamento con mayor biodiversidad del país. Una de cada diez especies de fauna y cerca de 8.524 especies de flora del mundo esta Colombia. Es preciso mencionar que la calidad jurídica del territorio en gran parte es de carácter colectivo y no predial. Las amenazas más significativas corresponden a: i) la destrucción del bosque por la tala selectiva de especies maderables para su aprovechamiento comercial; ii) la minería semi-industrial e industrial del oro y el platino; iii) la construcción de vías de penetración sin ninguna planificación, lo que ahuyenta las especies y iv)comercio ilegal de fauna silvestre. La desforestación producto de la actividad minera y la tala de árboles ocupa un 23% del territorio.

7. Perspectiva de género

En el Chocó, los hogares con jefatura femenina representan el 33,9% del total de los hogares, de los cuales el 16,9% se encuentran en condiciones precarias y sus miembros pertenecen a la población desempleada. Esta cifra resulta alta en comparación con el resto del país donde la proporción de hogares con jefatura femenina sobre el resto de los hogares representa el 15,6%. La aguda situación de inequidad de género en las comunidades indígenas se suma a prácticas profundamente arraigadas como la mutilación genital femenina, el embarazo adolescente y en general las barreras para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, jóvenes y mujeres adultas.

8. Concentración de la tierra y vocación

La tierra en el departamento del Chocó presenta altos niveles de concentración, sobre todo en los municipios de Bahía Solano y Acandí, donde los coeficientes de Gini de concentración de tierras alcanzan el 0,96 y 0,73 respectivamente. El departamento de Chocó es de clima tropical y permite ser apto para la producción permanente y transitoria. Se reportó en 2014 la existencia de 1.741 hectáreas de cultivos ilícitos en el Chocó con mayor incidencia en municipios como Medio San Juan, Istmina, Bajo Baudó, Riosucio, Acandí, Unguía y Medio Atrato.

Contexto humanitario y retos

Mensajes clave

• La situación humanitaria del departamento no se superó con la desmovilización de las FARC-EP. Incursiones, presencia, amenazas, enfrentamientos y combates, homicidios y secuestros de Grupos Armados No Estatales (GANE) y Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) en diversos territorios han ocasionado más desplazamientos y restricciones a la movilidad en el último semestre que todo el año 2015. El Litoral de San Juan, Alto Baudó, Lloró y Riosucio son los municipios más afectados. Las víctimas son comunidades indígenas y afrodescendientes, siendo las mujeres, niñas y niños afectados de manera desproporcional ante estos hechos victimizantes. • Es de resaltar la expansión y el crecimiento de GAPD hacia el norte y el sur del departamento. Sus acciones armadas por controlar el territorio y los negocios particulares o comunitarios mediante la extorsión han generado el 53.8% de los desplazamientos de los últimos 6 meses; además, han generado amenazas, secuestros, restricciones a la movilidad, reclutamiento de menores, extorsiones, homicidios y miedo y zozobra en las comunidades. Riosucio, Lloró, la cuenca del río Baudó, El Litoral de San Juan, Medio San Juan y Tadó son los municipios donde más hacen presencia. • A pesar de que eventos de desplazamiento se dan una y otra vez en algunos municipios desde hace varios años, aún no existen medidas de prevención y respuesta sólidas y efectivas. Es un reto y una necesidad para las autoridades locales, departamentales y nacionales generar mecanismos de prevención, rutas de atención rápidas a emergencia y espacios adecuados de recepción (albergues) desde un enfoque diferencial de género y étnico.

1. Desplazamiento forzado

En el último semestre (octubre 2016 – marzo 2017), se presentaron 16 eventos de desplazamiento masivo, dejando como víctimas a 4.873 indígenas y afrocolombianos (con una distribución cercana al 50%-50%). El número de desplazados de estos 6 meses es el 156% de todos las víctimas de 2015. Sólo en el 44 % de los eventos se dispuso de albergues para las familias desplazadas. Los municipios más afectados fueron El Litoral de San Juan (1.826 víctimas), Riosucio (960) y Alto Baudó (602). Aunque no hay información desagregada para todos los eventos, se sabe que al menos 784 NNA se desplazaron. El 50% de los eventos se dio por combates o enfrentamientos en las comunidades , el 35.7% por homicidios selectivos y amenazas generales y los restantes (14.3%) por amenazas a líderes. Los Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD) participaron en el 53.8% de los eventos, seguidos del ELN (46.1%) y las Fuerzas Militares (23.1%) en combates con otros actores armados . Se identifican capacidades limitadas de los entes responsables de responder a las emergencias y falta de medidas preventivas sólidas que eviten las desgracias recurrentes. Los retornos se dan, en diversas ocasiones, de manera espontánea, sin acompañamiento institucional integral y sin asegurar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.

2. Minas antipersonal (MAP) y explosivos remanentes de guerra (ERG)

En el 2016, hubo 2 incidentes de MAP en los municipios de Nuquí y Bajo Baudó que dejaron 4 víctimas civiles, según UMAIC; todos ellos indígenas Emberá: una niña de 6 años fallecida y otros dos menores de edad heridos. Además de esto, también se presentaron 9 víctimas en la Fuerza Pública, según DAICMA, aunque UMAIC sólo reportó la afectación de un soldado. Es importante señalar que las poblaciones del río Baudó, Medio Atrato y de Riosucio reportaron contaminación con minas y otros artefactos explosivos como estrategia de combate entre los grupos armados no estatales y en las zonas rurales persiste un riesgo latente por campos minados, donde los artefactos se usan también para resguardar cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico e incluso minería ilegal48. Este tipo de artefactos explosivos continúan afectando a la población civil y vulnerando sus derechos en la medida que impiden la libre movilidad y tránsito por el territorio, afectan el ejercicio del derecho a la educación, salud o acceso a bienes y servicios, y representan un riesgo para los civiles. El Equipo Local de Coordinación (ELC) ha señalado que, aunque las víctimas civiles han recibido asistencia en salud, todavía hay vacíos en la atención en rehabilitación y recuperación psicosocial.

3. Niñez y conflicto armado y violencia sexual basada en género (VSBG)

En el departamento se presentan los más altos índices de mortalidad materna e infantil del país. La razón de mortalidad materna es de 224 por cada 100.000 nacidos vivos, esto es, más de tres veces el promedio nacional (65,9). Existen casos críticos como Quibdó, Bagadó, Lloró, Riosucio, Medio San Juan, Unguía, Istmina y Alto Baudó, donde las dificultades de acceso a agua segura, servicios de salud y hábitos de higiene se agudizan con las temporadas de sequía. Históricamente tres periodos han caracterizado los fenómenos de reclutamiento forzado de niños y niñas saber: i) entre 2004 y 2011 donde se concentró cerca del 47% de los hechos, entre 1999 y 2002 donde se concentró un 10% de los hechos y entre 1993 y 1994 con un 8% de los incidentes. Este riesgo ha sido la causa de desplazamientos forzados de comunidades del Litoral de San Juan y Bajo Baudó entre 2014 y 2016. También persiste la vulnerabilidad de las escuelas frente al uso y ocupación de la Fuerza Pública y la ubicación de infraestructura militar en las cercanías de establecimientos educativos. Miembros del ELC han realizado incidencia con autoridades locales con el objetivo de implementar programas de atención en nutrición, educación en emergencias y protección. Esta incidencia ha permitido generar un plan de acción departamental para el sector de educación en emergencias y acciones intersectoriales para combatir la malaria en municipios críticos como Quibdó y Lloró.

4. Comunidades étnicas

Las comunidades indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos se ubican en territorios dispersos, alejados de las cabeceras y vulnerables a los desastres de origen natural, y enfrentan limitaciones a servicios esenciales y a la atención humanitaria inmediata. Los indígenas del Chocó equivalen al 12,7% del total de la población, e incluye a las etnias: Embera Chamí, Embera Dóvida, Embera Katío, Embera Eyábida, Wounaan y Tule. A pesar de ser minoría, desde el 2013 OCHA las ha reportado como la población con más riesgo de desplazamiento. En el primer semestre de 2016 representaron el 73% de las víctimas de desplazamiento masivo y, para ese mismo periodo, representaron el 61% de las víctimas de restricciones a la movilidad con 4.496 afectados según OCHA. La presencia de actores armados, minas antipersonal o municiones sin explotar/MAP-MUSE y cultivos de uso ilícito inciden negativamente en su calidad de vida. Según el Auto de la Corte Constitucional 004/2009, todos los pueblos indígenas del Chocó están en peligro de exterminio cultural o físico por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones al DIH y a sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Por otro lado, la estructura organizativa de los consejos comunitarios afrocolombianos se ha debilitado por las amenazas y asesinatos a líderes, por los desplazamientos, la explotación minera legal e ilegal, la presencia de cultivos ilícitos, ausencia o manipulación de los procesos de consulta previa para favorecer intereses de particulares y el riesgo de reclutamiento. Al encontrarse en las riberas, esta población es la principal damnificada por lluvias o inundaciones. El ELC trabaja desde el Grupo Temático de Protección en acciones conjuntas para el fortalecimiento organizativo y garantías de protección para los líderes y las comunidades, así como el seguimiento al Auto 005/2009. A su vez, se ha promovido respuesta complementaria en las emergencias en sectores críticos como alimentación, salud, agua y saneamiento.

5. Desastres naturales

En el primer semestre de 2016 las principales amenazas de origen natural en el Chocó están relacionadas con inundaciones, vendavales y deslizamientos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad reporta que cerca de 13.629 personas han resultado damnificadas, especialmente en los municipios de Quibdó, Ungía, Medio Baudó y Bojayá, principalmente por inundaciones. El ELC ha trabajado en coordinación con el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGR) para la implementación de acciones de gestión y reducción del riesgo.

Financiamiento internacional para respuesta en el departamento

Fuente: Área de Financiamiento Humanitario OCHA Fecha de corte: 25/07/2016

Coordinación: Equipo Local de Coordinación

El Equipo Local de Coordinación (ELC) es uno de los más grandes de Colombia con 33 organizaciones activas: 11 agencias ONU, la Misión de de la ONU en Colombia, 12 ONG internacionales, 7 nacionales y 2 observadores. Se destaca la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores de Agua, saneamiento e higiene, Seguridad alimentaria y nutrición, y Protección. Se promueve la interlocución con entes como la unidad de atención y reparación integral de victimas/UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta.

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Fecha de Actualización: Febrero de 2017

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
UMAIC Chocó
Correo electrónico: choco@umaic.org
Dirección: Calle 21 # 4-82, Barrio La Yesquita
Teléfono: +57-4-6722377
Oficina OCHA Quibdó

Referencias

Tabla:

I-II-III-IV) DANE: Censo 2005 y Proyecciones 2016 V) UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). Desplazamientos individuales. Corte 01 agosto de 2016; OCHA, desplazamientos masivos. Corte 01 enero de 2013 a 31 agosto de 2016; VI) DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990-31 agosto 2016.; VII) Monitoreo OCHA. Corte 01 enero de 2013 a 31 agosto de 2016; VIII) UNGRD –Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Corte 31 agosto de 2016; IX) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE X) PNUD con base en Ministerio de Educación Nacional XI)DANE XII) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE

Datos del texto disponibles en https://umaic.org/briefings/Choco.pdf

Referencias

<references/>

Enlaces Externas

• Observatorio Pacífico y Territorio
• Diocesís de Quibdó
• Documentos humanitarios sobre el Chocó