Diferencia entre revisiones de «Equipo Local de Coordinación Arauca»
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Revisión del 12:51 22 dic 2016
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Arauca fue conformado en 2007 como Equipo Humanitario Local (EHL), y se encuentra en un proceso de transición, incorporando aspectos no sólo humanitarios sino de construcción de paz y desarrollo. Compuesto actualmente por 13 socios (3 organizaciones no gubernamentales internacionales, 2 organizaciones no gubernamentales nacionales, 6 agencias de Naciones Unidas y 2 observadores).La función principal del ELC es el diálogo y coordinación con actores locales, incluyendo instituciones, con el fin de facilitar una respuesta humanitaria efectiva, así como la incorporación de aspectos de construcción de paz y desarrollo sostenible en la agenda departamental, bajo un principio de complementariedad y con un enfoque de derechos humanos. Las actividades incluyen: análisis de contexto, identificación de necesidades humanitarias y respuesta, coordinación para la asistencia a personas que requieren protección de acuerdo con las necesidades y vacíos identificados, así como incidencia e interlocución para iniciativas de paz y desarrollo a nivel departamental y local. El Equipo Local de Coordinación juega un papel clave en el acompañamiento a las instituciones locales para complementar la respuesta y para atender las brechas críticas. Sin embargo, la presencia internacional y los fondos disponibles son insuficientes para atender las necesidades encontradas.
Sumario
CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
Actualmente en el departamento hacen presencia las FARC-EP y el ELN. En 2012, se registró que los grupos guerrilleros realizaron 94 acciones violentas, lo que indica una disminución del 10,5% frente a 2011, violencia expresada en homicidios intencionales en persona protegida, bloqueos de vías con utilización de artefactos explosivos improvisados (AEI), accidentes con explosivos remanentes de guerra (ERG) y ataques contra infraestructura minero-energética, que tendrían como propósito ejercer control social, económico y territorial. Esta situación ha llevado a las autoridades a reforzar la seguridad del departamento con cerca de 18.000 efectivos. Además de las constantes confrontaciones armadas, se han presentado casos de utilización de bienes de carácter comunitario por los combatientes, poniendo a civiles en riesgo.
La temporada de lluvias, que en 2015 afectó a cerca de 380.000 personas, puso a prueba el sistema de respuesta local, ante las dificultades en la implementación de la ayuda y la magnitud de este fenómeno de carácter cíclico. Los afectados aún presentan necesidades insatisfechas, manifestadas en las condiciones de las viviendas, la informalidad del acceso a medios de vida y la precariedad de la seguridad alimentaria, que se suman a dinámicas estructurales y afectaciones por el conflicto armado. Los derrames de petróleo causados por los ataques a oleoductos han contaminado fuentes hídricas con consecuencias ambientales, económicas y de salud.
La situación que se presenta desde agosto de 2015 con el cierre del paso oficial entre Colombia y Venezuela, tiene afectaciones concretas en términos humanitarios. Las cifras oficiales reportan 931 retornados, sin embargo, es posible que haya un subregistro. La vulnerabilidad de la población residente en las áreas marginales de la frontera, ya perjudicada por las dinámicas de conflicto armado y desastres naturales, se agudiza al convertirse en receptores de retornados, que siguen llegando de manera paulatina, y se insertan en las dinámicas locales de marginalidad, economías ilegales y control por parte de los grupos armados no estatales.
Desplazamiento Forzado
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), 118.965, personas han sido sujetos de desplazamiento forzado en Arauca entre 1985 y octubre de 2016, lo que equivale a un 45% de la población araucana bajo este hecho victimizante. Aun cuando no se han registrado desplazamientos masivos desde 2015 en Arauca, grupos armados no estatales han causado desplazamientos individuales en áreas rurales, que, debido al control social ejercido por estos grupos resultan en que las víctimas no denuncian, generando un subregistro. En otros casos, el acceso de las víctimas al Registro y asistencia se dificulta debido a las limitaciones en la capacidad local de respuesta y al desconocimiento de los derechos por parte de las víctimas. La baja capacidad de prevención y la debilidad en torno a planes de retorno acompañados por la institucionalidad a su vez incrementan la vulnerabilidad de la población desplazada.
Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos remanentes de guerra (ERG)
De acuerdo con la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersona (DAICMA), entre enero y octubre de 2016 se reportan 17 víctimas de MAP/MUSE, de los cuales tres eran civiles y catorce miembros de la Fuerza Pública. Esta cifra supera la del 2015, cuando se reportaron 8 víctimas de la Fuerza Pública en todo el año. La mayoría de los eventos reportados en 2016 tuvieron lugar en Saravena y Arauquita, donde se presentaron 11 incidentes. Si bien las víctimas fueron hombres en su totalidad, los riesgos causados por el uso de explosivos remanentes de guerra son una amenaza para toda la población en tanto que siguen presentándose casos donde son instalados en fuentes de agua y centros educativos. Aun cuando varias organizaciones han adelantado acciones preventivas y de acompañamiento, la capacidad instalada es insuficiente y las víctimas de MAP/MUSE tienen una baja representación en los espacios de participación establecidos en la Ley de Víctimas (1448/2011).
Niñez y conflicto armado y Violencia sexual basada en género (VSBG)
Las niñas, niños y adolescentes (NNA) corren mayor riesgo de reclutamiento, en especial en zonas rurales y asentamientos informales. Se estima que al menos uno de cada cuatro combatientes perteneciente a los grupos armados no estatales que operan en el territorio es menor de edad y que en ocasiones esta población puede superar el 30% en algunas unidades armadas. En el caso de las niñas, se evidenciaron distintas situaciones de violencia sexual a las que han sido sometidas por miembros de los estos grupos, siendo acosadas por sus compañeros u obligadas a convertirse en las compañeras permanentes de sus superiores. En cuanto a VSBG en el marco del conflicto, según cifras de la Defensoría del Pueblo de los 42 casos denunciados en Arauca entre 2012 y lo corrido de 2016, 26 ocurrieron en el departamento, mayoritariamente en la zona rural (81%). Si bien hay más de un tercio (38%) de los casos sin identificar responsables, cerca de un 25% de los casos son de grupos post-desmovilización, con igual número de casos perpetrados por el FARC-EP y 10% por el ELN.
Comunidades étnicas
En el departamento existen 35 comunidades indígenas (5.115 personas) que habitan en 26 resguardos. En especial los pueblos Hitnü, Makaguan, y Sikuani, compuestos por 3.206 personas continúan en riesgo de exterminio físico y cultural, según en el Auto 382/2010. Comunidades de Cuiloto Marrero (Puerto Rondón), Caño Mico (Tame) y 16 familias de Cusay la Colorada (Fortul) aún continúan en situación de desplazamiento en condiciones de hacinamiento y sin una prospectiva de reubicación acompañada en el corto plazo. Sus difíciles condiciones de vida y la presencia de actores armados en sus territorios han propiciado la aparición de distintas formas de violencia, especialmente intrafamiliar y de género catalizada también por un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas. Las comunidades indígenas siguen en constante riesgo de exterminio y tienen altos niveles de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con la provisión de agua y saneamiento, salud, protección y seguridad alimentaria.
Confinamiento y Acceso humanitario
La restricción más común y de impacto humanitario multisectorial son los llamados “paros armados”, convocados por los grupos armados no estatales, que paralizan totalmente las actividades cotidianas de la población. El más reciente tuvo lugar en el mes de septiembre de 2016 e incluyó bloqueos de vías inter e intra-municipales, homicidios selectivos, uso de explosivos, amenazas, secuestros, quema de vehículos, ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas, hostigamientos contra Fuerza Pública, entre otros. Los impactos en educación, salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y protección afectaron directamente al menos a 54.038 civiles. Los bloqueos de vías también ocurren fuera del marco de los paros armados, amenazando y restringiendo el acceso a servicios para la población, incluyendo el uso de artefactos explosivos improvisados.
Desastres naturales
El impacto de las inundaciones e incendios forestales es recurrente y cuenta con una limitada respuesta local y departamental. Se estima que el 43.9% de las víctimas del conflicto en Arauca tienen doble afectación por inundaciones y sequías. Aun considerando que las instituciones departamentales encargadas de la Gestión de Riesgo de Desastres adelantaron obras de mitigación, este año no se encontraron mayores avances en este sentido, debido principalmente a las dificultades de comunicación interinstitucional. El Plan de contingencia para la prevención y atención de desastres naturales y antrópicos en el Departamento de Arauca pretende afrontar las emergencias, disminuir el riesgo y proteger la población civil y sus pertenencias, haciendo un análisis de todas y cada una de las amenazas a que está expuesto el Departamento. El inicio de las lluvias está propiciando la multiplicación de vectores y por consecuencia, de enfermedades causadas por parte de éstos como el Zika, Chikungunya y Dengue.
Frontera
La situación que se vive en la frontera con Venezuela está generando un impacto en la situación económica de la población asentada en la orilla del Río Arauca. Estas comunidades, previamente afectadas por las inundaciones de la ola invernal de 2015, han recibido muy limitada asistencia al asumir una posición de receptoras de colombianos que retornan de Venezuela. Las mayores debilidades de respuesta institucional se evidencian una deficiente Red Migrante como mecanismo de coordinación, que cuenta con un plan de contingencia limitado y con un número limitado de albergues oficiales para la recepción de personas. Adicionalmente, los retornados en muchos casos se asientan en áreas marginalizadas con presencia de grupos armados no estatales, lo cual incrementa su posición de vulnerabilidad.
Para más información de análisis inter-agencial sobre Arauca, consultar el Briefing Departamental