Chocó
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Datos Departamentales1: • Gobernador : Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera • Población: Total población 510.047 I 49.17% Cabecera; 50.83% Rural II 50.12% Hombres; 49.88% Mujeres III 73.61% Negro, Afrocolombiano; 11.36% Indígena; 4.67% sin pertenencia étnica (2005) IV |
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Indicadores Humanitarios y de desarrollo: • Población desplazada: PDI individuales: 5.314 (2008-2017); 656 (2015); 2.640 (2016) i PDI masivos: 38.804 (2009-2017) ii: 51.36% mujeres, 47.99% hombres, 0.62% sin información, 0.03% LGTBI iii; 7.137 (2016); 3.876 (2017) iv • Víctimas de Minas: Civil: 75 (1990-2017); 3 (2016) v; 1 (2017) vi Fuerza Pública: 69 (1990-2017); 9 (2016); 0 (2017) 11.89% mujeres, 88,11% (1990-2017) vii • Acceso y Confinamiento: 124 eventos (2013-2017); 42 (2016); 10 (2017) 75.727 afectados* (2013-2017); 17.158 (2016); 5.884 (2017) viii • Desastres Naturales: 769.351 (2011-2017); 165.047 (2016); 1.245 (2017) ix • Homicidios: 133 (2015) 173 (2016): 90.2% hombres, 9.8% mujeres x • Amenazas: 129 eventos (2008-2017); 23 (2016); 13 (2017) xi • Ataques contra la población civil: 349 eventos (2008-2016); 54 (2016); 22 (2017) xii • Acciones Bélicas: 333 eventos (2008-2016); 40 (2016); 15 (2017) xiii • Pobreza por ingresos: 62.8% (2015); 59.8% (2016) xiv • Cobertura educación media: 56.2% (2013); 64.9% (2014) xv • Mortalidad Infantil: 42.8 (2013), 43.3 (2014) por cada 1.000 nacidos vivos xvi • Desempleo: 15.1%: 10.7% hombres, 20.3% mujeres (2015); 17.5% (2016) xvii |
El Departamento de Chocó se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de Colombia, bañado por los océanos Atlántico y Pacífico. Limita al norte con la República de Panamá y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con Valle de Cauca; y por el oeste con el océano Pacífico. Tiene una extensión de 46.530 km2, distribuidos en 30 municipios.
Sumario
Mensajes Clave
1. La crisis humanitaria, económica y social que se agudiza en Chocó implica un importante reto de coordinación entre instituciones gubernamentales, Organizaciones Étnico Territoriales (OET) y de cooperación, con el fin de redoblar esfuerzos y complementar las acciones que permitan superar las afectaciones a las comunidades, los territorios y el medio ambiente.
2. Los conflictos en el territorio sumados a las persistentes acciones bélicas y ataques contra la población civil en zonas rurales y, cada vez más, en urbanas, están profundizando una crisis humanitaria que se suponía sería superada en buena parte con la firma del acuerdo de paz con las FARC. Es necesario reforzar la presencia del Estado y fortalecer la capacidad de acción de las OET y las comunidades mismas.
3. La brecha entre el progreso promedio del país y el del Chocó es amplia. El departamento encabeza todos los indicadores que resaltan su estancamiento en desarrollo: pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, violencia sexual y basada en género, desempleo, carencia de servicios públicos, inasistencia y deserción en educación, déficit de vivienda, precariedad del derecho a la salud, entre otros. Buscar la activación de la economía departamental, lejos de una base de economías extractivas, es perentorio para sanar esa brecha y alcanzar indicadores acordes con los ODS.
Contexto en construcción de paz y retos
Mensajes clave
• Los enfrentamientos por el control territorial se hacen cada vez más comunes. En las zonas rurales, las disputas por las zonas que estaban bajo el control de las FARC (hasta su desmovilización) se han dado a través de incursiones y enfrentamientos de Grupos Armados No Estatales (GANE), generando afectaciones directas sobre las comunidades. De la misma manera, en las zonas urbanas la violencia perpetrada por GANE y bandas delincuenciales por el control del territorio ha incrementado, afectando a la población civil. • Es importante fortalecer las numerosas iniciativas de paz existentes en el departamento y los impulsos por concretar la implementación de los acuerdos en materia de derechos de las víctimas, participación y promoción de derechos de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad como las mujeres, adolescentes y comunidades afro e indígenas. • Continúa siendo apremiante la inversión y la gestión más eficientes de las instituciones locales y nacionales en el territorio, con el fin de mejorar las condiciones de vida y garantizar la construcción de una paz con derechos. De la misma manera, es necesario que los gobiernos nacional y departamental escuchen las crecientes movilizaciones sociales y den respuesta a las exigencias que, en su totalidad, se enfocan en la conquista de derechos.
1. Conflictos en el territorio
Los conflictos del territorio chocoano tienen raíz en el aprovechamiento ilícito de su riqueza natural y su posición geo estratégica. El departamento se constituye como un corredor para el tráfico de estupefacientes y personas, desde el sur de la Región Pacífico hacia el norte, en su salida al Océano Atlántico. Las principales fuentes económicas son actividades extractivas ilegales: minerales (principalmente oro) y madera. Estas actividades han generado deforestación, contaminación de fuentes hídricas y de alimentación, así como un arraigo de diversos grupos armados ilegales: guerrillas, grupos paramilitares y bandas delincuenciales. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las disputas por los territorios dejados por esta guerrilla han ocasionado fuertes impactos violentos sobre las poblaciones en todo el departamento. Recientemente, ha incrementado el control de las zonas urbanas por parte de actores armados y criminales. La presencia estatal en el territorio es precaria, no hay reconocimiento de la institucionalidad nacional, departamental y municipal en las comunidades, y hay un fuerte cuestionamiento hacia su gestión administrativa. La falta de políticas públicas sólidas y compenetradas con la realidad del departamento dificulta la producción económica y de empleo, la atención y prevención de frecuentes desastres naturales, y el cumplimiento de los estándares internacionales mínimos en materia de vivienda, alimentación, agua potable, acceso a la salud, protección y bienestar social y a educación de calidad.
2. Derechos de las víctimas
Las cifras sobre víctimas por el conflicto armado en el departamento del Chocó indican que, desde 1985, 449.845 personas han sido víctimas por el conflicto armado (50.9% mujeres, 48.3% hombres). El desplazamiento es el mayor hecho victimizante con 429.199 personas, seguido de la amenaza (15.055) y el homicidio (11.264). Según los datos registrados, las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de bienes e inmuebles, desplazamiento, tortura, delitos contra la integridad sexual y amenaza. Los hombres, en cambio, se han visto más damnificados por homicidio, desaparición forzada, secuestro, actos terroristas y minas antipersona3. Los principales problemas que enfrentan las víctimas para acceder a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación están relacionados con la ausencia de presencia estatal, la dificultad de coordinación entre instituciones gubernamentales, los altos costos que acarrean los procesos para éstas y las dificultades de acceso a los territorios. Las Organizaciones Étnico-Territoriales (OET) del departamento y otras organizaciones sociales, como el Comité de Víctimas, trabajan realizando incidencia con instituciones municipales, departamentales y nacionales, así como con vías de derecho y seguimiento a los procesos en busca de la garantía de dichos derechos. Cabe resaltar que en el departamento hay dos procesos emblemáticos en materia de reparación a víctimas del conflicto armado: Bojayá y el Resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Aunque estos significan importantes avances, la labor institucional carece de perspectiva étnico-territorial y de género, no tiene en cuenta los procesos de consulta previa y manifiesta déficits de coordinación.
3. Movilización social
Las protestas y movilizaciones son uno de los medios de las comunidades para lograr compromisos por parte de las entidades estatales. En el último trimestre de 2016 y lo corrido del año 2017 se destacan las movilizaciones por el control territorial de Belén de Bajirá, promovidas por el Comité Prodefensa de Belén de Bajirá y el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó -realizadas en Bogotá, Quibdó y Riosucio-; los bloqueos de vías por parte de comunidades indígenas en diferentes municipios, buscando reconocimiento de sus derechos fundamentales; la unión de las madres comunitarias del Chocó al paro nacional del mes de marzo de 2017; y el nuevo paro cívico convocado por el Comité Cívico para mayo de 2017, contra los incumplimientos del Gobierno Nacional en los acuerdos del paro cívico departamental de agosto de 2016 en materia de vías, empleo, servicios públicos, salud, educación, cultura y deporte. Además, fueron importantes las movilizaciones y mítines por el cese bilateral y definitivo al fuego entre el Gobierno y las FARC a finales del 2016.
4. Capacidad institucional y social
Una característica del departamento es su composición poblacional indígena y afrodecendiente, con identidad cultural propia y formas organizativas que, a pesar de estar amparadas por leyes nacionales e instrumentos internacionales de protección, tienen poco impacto en las instituciones del Estado. Las OET (consejos comunitarios de afrodescendientes y asociaciones indígenas) tienen estructuras consolidadas a lo largo del territorio, pero no cuentan con capacidad fortalecida de ejercer control sobre las medidas que reglan las gestiones sobre éste. En materia institucional la legitimidad, credibilidad y articulación con la sociedad son casi nulas. Según el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) 2015-2016, Chocó es el departamento con mayor riesgo de corrupción en el país. En la capital, la situación es muestra de lo que pasa en el departamento: según los resultados de la encuesta Quibdó Cómo Vamos de febrero de 2017, el 88% de los quibdoseños cree que la ciudad “va por mal camino”; mientras sólo el 9% tiene una visión favorable del alcalde en ejercicio y el 8% del Concejo de la ciudad.
5. Seguridad ciudadana
El departamento cuenta con la Fuerza de Tarea conjunta TITAN- FTC, integrada por tropas de la Séptima División del Ejército, un componente de la Fuerza Naval del Pacífico y unidades del Comando Aéreo de Combate No.5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC); además, hace presencia la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.2 y la Policía Nacional, esta última con estaciones en todos los municipios y corregimientos. Persisten amenazas y violencia efectiva contra las comunidades en virtud del contexto político. Disputas territoriales entre las AGC y el ELN han derivado en enfrentamientos, desplazamientos, homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad y confinamientos, mantienendo la crisis humanitaria tanto en zonas rurales como en cabeceras municipales. Los municipios más afectados han sido El Litoral del San Juan, Alto Baudó, Lloró y Riosucio. En las principales ciudades, fenómenos de delincuencia, homicidios selectivos, extorsión a comerciantes y "limpieza social" se han tomado los entornos. Según la encuesta Quibdó Cómo Vamos, sólo el 8% de los habitantes se siente seguro en la ciudad. La Iglesia Católica y Pastoral Social han encabezado la labor de promover la convivencia y la resolución pacífica de las diferencias mediante llamamientos públicos y programas en las zonas urbanas más afectadas.
6. Hechos de implementación de paz
Por resolución departamental, desde abril de 2016 está en funcionamiento la Mesa Técnica Departamental de Posconflicto y Construcción de Paz, impulsada por la Gobernación y una alianza por la paz y la reconciliación. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, en conjunto con la URT, la Gobernación y ministerios, viene realizando Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La UARIV, la Fiscalía General, Medicina Legal, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y ONU DDHH adelantan, junto al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, el proceso de identificación, individualización y entrega digna de los restos mortales de quienes murieron el 2 de mayo de 2002 y los días siguientes. Así mismo se está construyendo el Plan Integral de Reparación Colectiva para Bojayá y el resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Desde la firma de los acuerdos, la Misión de la ONU en Colombia viene trabajando en conjunto con la totalidad de la Misión de Monitoreo y Verificación (MMV) en dos Puntos Transitorios de Normalización (PTN): Florida (municipio de Riosucio), para los ex combatientes del Frente 57, y Vidrí (municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, que tiene entrada por el río Atrato), para los frentes Aureliano Rodríguez y 34.
Contexto de desarrollo sostenible y retos
Mensajes clave
• La ausencia de producción económica y de generación de empleo, así como falta de educación y formación de calidad, imposibilitan la mejora en las condiciones de vida y perpetúan las condiciones de pobreza. Asimismo, el abandono estatal y la corrupción influyen en que persistan las deficientes condiciones estructurales de la salud, educación y vivienda, así como la continua situación de vulneración de derechos y falta de protección. • Es perentorio desarrollar políticas o estrategias -nacionales y locales-, claras y acordes con la realidad del departamento, que busquen avanzar en el desarrollo sostenible del departamento; así como también desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas y de auto-gestión de las Organizaciones Étnico Territoriales (OET) y las comunidades. • El impacto de las intervenciones estatales y organizacionales ha sido de mediano y corto alcance. Es necesario un esfuerzo mayor para superar los retos que el departamento impone en materia de desarrollo, abogando por la superación del conflicto, la construcción de infraestructura vial y el cuidado de las riquezas naturales, para fomentar el desarrollo rural e industrial y la equidad en el Chocó.
1. Pobreza
En 2016 Chocó se ubicó en el primer puesto del país en pobreza con el 59.8% de las personas bajo la Línea de Pobreza Monetaria y el 34.7% bajo de Pobreza Extrema4, es decir que el 94.5% de la población tuvo condiciones paupérrimas de vida. De la misma manera, Quibdó fue la ciudad capital de Colombia con la mayor pobreza monetaria (49,2%), la mayor pobreza monetaria extrema (19,5%) y la mayor desigualdad (Coeficiente de Gini 0,536)5. Las Necesidades Básicas Insatisfechas también son alarmantes (79%), teniendo mayor incidencia en las zonas urbanas (82%) que en las rurales (76,1%)6 y casi triplicando el promedio nacional (27,7%). Estos indicadores se manifiestan en la desnutrición, la mortalidad evitable de niños y adultos, la precariedad de las viviendas y el escaso acceso a servicios públicos.
2. Mercado laboral
La economía departamental se sustenta en minerales metalíferos (15.9%) y en la administración pública y defensa (15.5%). La producción agropecuaria y pesca aportan 7.7%; y la silvicultura -extracción de madera-, 7.4%. En todas las ramas de actividad trabajan hombres y mujeres en condiciones laborales precarias y con remuneraciones bajas. En extracción minera ilegal se ha comprobado la participación laboral de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). El Producto Interno Bruto (PIB) departamental está decreciendo desde 2012 y, para 2015, éste era sólo el 0.4% del PIB nacional7. El PIB per cápita es de $5’832.564, el segundo más bajo del país8. La concentración económica en extracción y servicios (77.2%) y la falta de producción agrícola e industrial dificultan la creación de empleos. A esto se suma la escasa capacitación y educación de calidad. Quibdó es la segunda capital con mayor desempleo del país en el primer trimestre de 2017 (16.9%) y su tasa de desocupación se ubicó en el 49.1%9. El acceso al mercado laboral es más restringido para mujeres y jóvenes en el departamento, mientras la tasa de desempleo de hombres es de 6.6%, la femenina llega a 17.1% y la de jóvenes al 21.7%.
3. Educación
El Informe sobre Crisis Humanitaria de la Defensoría del Pueblo (2014) señala que en Chocó el 20% de los chocoanos no cuenta con ningún nivel educativo; el 37.3% ha alcanzado el nivel de básica primaria; el 25.8%, secundaria, y solo el 7.3%, nivel superior y posgrado; también que la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años es del 20.9% y la asistencia escolar es del 58%. El reto de la deserción es bastante grande sobre todo en el nivel superior de la educación: la deserción escolar de 7.1%; mientras la de formación Técnica y Tecnológica, 34.6%; y de educación universitaria, 50.1%10. En materia de calidad, el departamento se encuentra entre los últimos tres puestos de los resultados de las pruebas Saber 2016 11. Algunas de las principales dificultades son la insuficiencia de inversión que se vive en todo el país; el desvío de los recursos educativos y, por ello, la falta de inversión en formación académica y pedagógica y en incentivos para docentes; la carencia de la familia en el proceso formativo de los estudiantes y la ausencia de una estrategia académica a largo plazo. Un reto importante es la conciliación de la etnoeducación, teniendo en cuenta la composición afrocolombiana e indígena de la población.
4. Salud
En el departamento el sistema de salud se encuentra altamente afectado por la corrupción: el hospital departamental de segundo nivel se encuentra intervenido por malos manejos desde el año 2007 y, en 2016, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó su liquidación. A pesar de ser el tercer sector con mayor inversión (en 2015 de 93.196 millones de pesos)12 la situación del sistema es precaria. Las enfermedades prevenibles y curables deterioran la calidad de vida en las comunidades, los NNA son el grupo poblacional más afectado. La malnutrición, las enfermedades parasitarias del tracto digestivo y, en las comunidades cercanas a las minas, las asociadas a la exposición a cianuro y mercurio son las afectaciones más frecuentes. Según el Análisis de Situación en Salud de 2015, Chocó tenía la Tasa de Mortalidad Perinatal más alta del país (24.99); una Tasa de Mortalidad en la Niñez de 30,26, la quinta más alta del país; una Razón de Mortalidad Materna que duplicaba la nacional (116.11); y una Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarréica Aguda en menores de 5 años que triplicaba la del país (10.59) 13. Según el DANE (2014), después de Amazonas, Chocó es el departamento con mayor TMI (43.3). Por otro lado, es visible la crisis de la medicina tradicional de las comunidades afro e indígenas. El desplazamiento forzado y los homicidios a sabedores (as), Jaibanás, parteras y otros poseedores de saberes relacionados con la salud han diezmado la capacidad de autocuidado comunitario y han puesto en peligro la transmisión de estos conocimientos, parte fundamental de la identidad y acervo cultural de pueblos.
5. Vivienda y servicios públicos
El déficit de vivienda refiere a necesidades insatisfechas en materia habitacional: en Chocó, el 84% de los hogares tiene déficit cualitativo o cuantitativo. En 2013 había un déficit de más de 80 mil viviendas en el departamento y de 23 mil en Quibdó 14. El informe de Crisis Humanitaria en Chocó de la Defensoría del Pueblo (2014) mostró que la cobertura de acueducto es de 22.5% y la de alcantarillado de 15.9%. A pesar de la pluviosidad, el agua presenta contaminación por metales pesados, eses, jabón y descomposición de residuos sólidos. En 11 de los 30 municipios aún no existe la energía eléctrica. La cobertura de Internet es de 2.8%. Familias desplazadas que se han instalado en las cabeceras municipales, lo han hecho sin conexiones a servicios públicos y expuestas a inundaciones y enfermedades por vectores.
6. Sostenibilidad
La mayor parte del territorio chocoano hace parte del ecosistema de bosque lluvioso tropical. Alberga tres Parques Nacionales Naturales: Los Katíos, Ensenada de Utría y Tatamá. Su riqueza natural no tiene la protección suficiente: está dentro de los 5 departamentos que concentran el 61% de la deforestación nacional aportando 10.353 ha en 2014 15 y una cuarta parte del PIB departamental se sustenta en economías extractivas –registradas en las cuentas-: minería, tala de árboles y saqueo de animales endémicos vendidos como exóticos. Las multinacionales Exploraciones Chocó Colombia S.A.S. y AngloGold Ashanti S.A. son quienes ostentan la mayor cantidad de títulos mineros vigentes 16. La deforestación de las selvas ha mermado sustancialmente la capacidad de absorción del agua, por lo que las inundaciones se presentan cada vez con más frecuencia y fuerza en las riberas de ríos y quebradas, causando pérdidas de vidas humanas, animales, cultivos y bienes. La totalidad de víctimas de desastres son comunidades indígenas y afrocolombianas. La escasa y débil presencia de la autoridad ambiental en el departamento, la presión ejercida en los recursos naturales por los grupos ilegales y delincuenciales han provocado una degradación ecológica que debilita la riqueza natural.
7. Cultura política
La participación ciudadana se da en el marco de los consejos comunitarios afrodescendientes y las asociaciones indígenas que cubren todo el territorio, pero la falta de recursos y de reconocimiento institucional no permiten una incidencia fuerte ni un control real de la ciudadanía sobre los territorios y las decisiones. Los procesos organizativos de las mujeres son incipientes, tienen poco apoyo y la capacidad de incidencia política es menor. La abstención electoral es mayor en elecciones de orden nacional; como presidenciales (69.73%), del Congreso de la República (55.61%) y del Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz (67.13%); que en las regionales y locales, en las cuales se ubica por debajo del promedio del país, entre el 37 y el 45% 17.
8. Concentración de la tierra y vocación
El clima tropical del Chocó le permite ser apto para la producción permanente y transitoria. Pero problemas de calificación, aislamiento por falta de vías inter-departamentales e internas, deforestación, lluvias y cambios en las actividades productivas del campo por las extractivas han sido los principales obstáculos para el desarrollo rural en el Chocó. Desde 2015 los cultivos de coca han aumentado, en 2016 se reportó la existencia de ellos en 1.803 ha, siendo los municipios más afectados Itsmina y San José del Palmar 18. La Dirección Territorial de la URT adelanta cinco casos de restitución de tierras en 12 municipios 19.
Contexto humanitario y retos
Mensajes clave
• La situación humanitaria del departamento no se superó con la desmovilización de las FARC-EP. Incursiones, presencia, amenazas, enfrentamientos y combates, homicidios y secuestros de Grupos Armados No Estatales (GANE) y Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) en diversos territorios han ocasionado más desplazamientos y restricciones a la movilidad en el último semestre que todo el año 2015. El Litoral de San Juan, Alto Baudó, Lloró y Riosucio son los municipios más afectados. Las víctimas son comunidades indígenas y afrodescendientes, siendo las mujeres, niñas y niños afectados de manera desproporcional ante estos hechos victimizantes. • Es de resaltar la expansión y el crecimiento de GAPD hacia el norte y el sur del departamento. Sus acciones armadas por controlar el territorio y los negocios particulares o comunitarios mediante la extorsión han generado el 53.8% de los desplazamientos de los últimos 6 meses; además, han generado amenazas, secuestros, restricciones a la movilidad, reclutamiento de menores, extorsiones, homicidios y miedo y zozobra en las comunidades. Riosucio, Lloró, la cuenca del río Baudó, El Litoral de San Juan, Medio San Juan y Tadó son los municipios donde más hacen presencia. • A pesar de que eventos de desplazamiento se dan una y otra vez en algunos municipios desde hace varios años, aún no existen medidas de prevención y respuesta sólidas y efectivas. Es un reto y una necesidad para las autoridades locales, departamentales y nacionales generar mecanismos de prevención, rutas de atención rápidas a emergencia y espacios adecuados de recepción (albergues) desde un enfoque diferencial de género y étnico.
1. Desplazamiento forzado
En el último semestre (octubre 2016 – marzo 2017), se presentaron 16 eventos de desplazamiento masivo, dejando como víctimas a 4.873 indígenas y afrocolombianos (con una distribución cercana al 50%-50%). El número de desplazados de estos 6 meses es el 156% de todos las víctimas de 2015. Sólo en el 44 % de los eventos se dispuso de albergues para las familias desplazadas. Los municipios más afectados fueron El Litoral de San Juan (1.826 víctimas), Riosucio (960) y Alto Baudó (602). Aunque no hay información desagregada para todos los eventos, se sabe que al menos 784 NNA se desplazaron. El 50% de los eventos se dio por combates o enfrentamientos en las comunidades , el 35.7% por homicidios selectivos y amenazas generales y los restantes (14.3%) por amenazas a líderes. Los Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD) participaron en el 53.8% de los eventos, seguidos del ELN (46.1%) y las Fuerzas Militares (23.1%) en combates con otros actores armados . Se identifican capacidades limitadas de los entes responsables de responder a las emergencias y falta de medidas preventivas sólidas que eviten las desgracias recurrentes. Los retornos se dan, en diversas ocasiones, de manera espontánea, sin acompañamiento institucional integral y sin asegurar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
2. Minas antipersonal (MAP) y explosivos remanentes de guerra (ERG)
En el 2016, hubo 2 incidentes de MAP en los municipios de Nuquí y Bajo Baudó que dejaron 4 víctimas civiles, según UMAIC; todos ellos indígenas Emberá: una niña de 6 años fallecida y otros dos menores de edad heridos. Además de esto, también se presentaron 9 víctimas en la Fuerza Pública, según DAICMA, aunque UMAIC sólo reportó la afectación de un soldado. Es importante señalar que las poblaciones del río Baudó, Medio Atrato y de Riosucio reportaron contaminación con minas y otros artefactos explosivos como estrategia de combate entre los grupos armados no estatales y en las zonas rurales persiste un riesgo latente por campos minados, donde los artefactos se usan también para resguardar cultivos ilícitos, rutas de narcotráfico e incluso minería ilegal48. Este tipo de artefactos explosivos continúan afectando a la población civil y vulnerando sus derechos en la medida que impiden la libre movilidad y tránsito por el territorio, afectan el ejercicio del derecho a la educación, salud o acceso a bienes y servicios, y representan un riesgo para los civiles. El Equipo Local de Coordinación (ELC) ha señalado que, aunque las víctimas civiles han recibido asistencia en salud, todavía hay vacíos en la atención en rehabilitación y recuperación psicosocial.
3. Niñez y conflicto armado y violencia sexual basada en género (VSBG)
En el departamento se presentan los más altos índices de mortalidad materna e infantil del país. La razón de mortalidad materna es de 224 por cada 100.000 nacidos vivos, esto es, más de tres veces el promedio nacional (65,9). Existen casos críticos como Quibdó, Bagadó, Lloró, Riosucio, Medio San Juan, Unguía, Istmina y Alto Baudó, donde las dificultades de acceso a agua segura, servicios de salud y hábitos de higiene se agudizan con las temporadas de sequía. Históricamente tres periodos han caracterizado los fenómenos de reclutamiento forzado de niños y niñas saber: i) entre 2004 y 2011 donde se concentró cerca del 47% de los hechos, entre 1999 y 2002 donde se concentró un 10% de los hechos y entre 1993 y 1994 con un 8% de los incidentes. Este riesgo ha sido la causa de desplazamientos forzados de comunidades del Litoral de San Juan y Bajo Baudó entre 2014 y 2016. También persiste la vulnerabilidad de las escuelas frente al uso y ocupación de la Fuerza Pública y la ubicación de infraestructura militar en las cercanías de establecimientos educativos. Miembros del ELC han realizado incidencia con autoridades locales con el objetivo de implementar programas de atención en nutrición, educación en emergencias y protección. Esta incidencia ha permitido generar un plan de acción departamental para el sector de educación en emergencias y acciones intersectoriales para combatir la malaria en municipios críticos como Quibdó y Lloró.
4. Comunidades étnicas
Las comunidades indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos se ubican en territorios dispersos, alejados de las cabeceras y vulnerables a los desastres de origen natural, y enfrentan limitaciones a servicios esenciales y a la atención humanitaria inmediata. Los indígenas del Chocó equivalen al 12,7% del total de la población, e incluye a las etnias: Embera Chamí, Embera Dóvida, Embera Katío, Embera Eyábida, Wounaan y Tule. A pesar de ser minoría, desde el 2013 OCHA las ha reportado como la población con más riesgo de desplazamiento. En el primer semestre de 2016 representaron el 73% de las víctimas de desplazamiento masivo y, para ese mismo periodo, representaron el 61% de las víctimas de restricciones a la movilidad con 4.496 afectados según OCHA. La presencia de actores armados, minas antipersonal o municiones sin explotar/MAP-MUSE y cultivos de uso ilícito inciden negativamente en su calidad de vida. Según el Auto de la Corte Constitucional 004/2009, todos los pueblos indígenas del Chocó están en peligro de exterminio cultural o físico por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones al DIH y a sus derechos fundamentales individuales y colectivos. Por otro lado, la estructura organizativa de los consejos comunitarios afrocolombianos se ha debilitado por las amenazas y asesinatos a líderes, por los desplazamientos, la explotación minera legal e ilegal, la presencia de cultivos ilícitos, ausencia o manipulación de los procesos de consulta previa para favorecer intereses de particulares y el riesgo de reclutamiento. Al encontrarse en las riberas, esta población es la principal damnificada por lluvias o inundaciones. El ELC trabaja desde el Grupo Temático de Protección en acciones conjuntas para el fortalecimiento organizativo y garantías de protección para los líderes y las comunidades, así como el seguimiento al Auto 005/2009. A su vez, se ha promovido respuesta complementaria en las emergencias en sectores críticos como alimentación, salud, agua y saneamiento.
5. Desastres naturales
En el primer semestre de 2016 las principales amenazas de origen natural en el Chocó están relacionadas con inundaciones, vendavales y deslizamientos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad reporta que cerca de 13.629 personas han resultado damnificadas, especialmente en los municipios de Quibdó, Ungía, Medio Baudó y Bojayá, principalmente por inundaciones. El ELC ha trabajado en coordinación con el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGR) para la implementación de acciones de gestión y reducción del riesgo.
Financiamiento internacional para respuesta en el departamento
Coordinación: Equipo Local de Coordinación
El Equipo Local de Coordinación (ELC) es uno de los más grandes de Colombia con 33 organizaciones activas: 11 agencias ONU, la Misión de de la ONU en Colombia, 12 ONG internacionales, 7 nacionales y 2 observadores. Se destaca la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores de Agua, saneamiento e higiene, Seguridad alimentaria y nutrición, y Protección. Se promueve la interlocución con entes como la unidad de atención y reparación integral de victimas/UARIV y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta.
Fecha de Actualización: Febrero de 2017
Para mayor información sobre este producto, contacte a:
UMAIC Chocó
Correo electrónico: choco@umaic.org
Dirección: Calle 21 # 4-82, Barrio La Yesquita
Teléfono: +57-4-6722377
Oficina OCHA Quibdó
Referencias
Tabla:
I-II-III-IV) DANE: Censo 2005 y Proyecciones 2016 V) UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). Desplazamientos individuales. Corte 01 agosto de 2016; OCHA, desplazamientos masivos. Corte 01 enero de 2013 a 31 agosto de 2016; VI) DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte 1990-31 agosto 2016.; VII) Monitoreo OCHA. Corte 01 enero de 2013 a 31 agosto de 2016; VIII) UNGRD –Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Corte 31 agosto de 2016; IX) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE X) PNUD con base en Ministerio de Educación Nacional XI)DANE XII) PNUD con base en microdatos de la ECH – GEIH del DANE
Datos del texto disponibles en https://umaic.org/briefings/Choco.pdf
Referencias
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