Buenaventura (Valle del Cauca) - Brief Municipal
De iMMAP-Colombia Wiki
 |
| Datos Municipales •Alcalde Municipal: Bartolo Valencia Ramos • Población: 384.504, 83,61% Afrocolombianos/ 0,82% Indígenas. (Estimado 2013)(1) • Tasa de desempleo: 63,7 % (2010) (2) |
|
Indicadores Humanitarios |
MENSAJES CLAVE
- A pesar de ser el principal puerto marítimo de Colombia y la segunda ciudad del departamento, Buenaventura se destaca por los altos índices de pobreza, desempleo e impactantes consecuencias humanitarias del conflicto armado. A pesar de su particularidad, los indicadores muestran cómo la dinámica del conflicto bonaverense se está difundiendo en otras áreas del departamento, incluida la ciudad de Cali.
- Las comunidades afrodescendientes e indígenas son las principales afectadas por desplazamientos intraurbanos y rurales, representan el 57 % y el 43 % de las víctimas respectivamente. La recurrencia del fenómeno ubica al municipio como el mayor expulsor de habitantes y en el que se presentan más desplazamientos interurbanos, en su mayoría causados por los grupos posdesmovilización (GAPD).
- La pugna entre los GAPD reforzó las fronteras invisibles en los barrios, lo que impide la libre movilidad y acceso a servicios. Los miembros de organizaciones sociales y territorios colectivos reciben ataques y amenazas, la comunidad sufre continuas violaciones a la Resolución 1612 y violencia basada en género. Sin embargo, la falta de un completo reconocimiento de los GAPD como actores del conflicto y la incapacidad o falta de voluntad institucional para responder a las emergencias ha producido una invisibilización de la crisis, que agudiza las necesidades humanitarias, desampara a las víctimas y retrasa los procesos de prevención y atención a las emergencias.
Sumario
- 1 CONTEXTO GENERAL
- 2 CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
- 2.1 3. Desplazamiento Forzado
- 2.2 4. Minas antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE) y Artefactos explosivos improvisados (AEI):
- 2.3 5. Niñez y conflicto armado:
- 2.4 6. Comunidades Indígenas
- 2.5 7. Comunidades Afrocolombianas
- 2.6 8. Confinamiento y Acceso Humanitario
- 2.7 9. Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)
- 2.8 10. Desastres naturales
- 3 COORDINACIÓN
CONTEXTO GENERAL
Situación política y de seguridad
1. Político
La debilidad institucional en Buenaventura se refleja en la incapacidad gubernamental para responder a las necesidades básicas de la población. Para el 2006 el 62,7% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza y el 20% por debajo de la línea de indigencia . El índice de desempleo es de 63,7 % (Cámara Comercio) y supera la media del país, que es del 9 %. Los megaproyectos urbanísticos se enfocan en intereses económicos portuarios más que en el desarrollo social.
2. Seguridad
Por su estratégica ubicación geográfica, Buenaventura se consolidó inicialmente como escenario de confrontación de las FARC-EP. En el 2006 se intensificó la presencia de los grupos posdesmovilización: Los Urabeños, los Rastrojos y La Empresa. La Defensoría del Pueblo reportó que la desaparición se elevó en un 50 % en el 2012 con respecto al 2011 y entre enero y marzo de 2013 registró 16 nuevas denuncias. La multiplicidad de actores armados, el control ejercido por GAPD, el tráfico de sustancias ilícitas, presencia de crimen organizado, extorsiones y control social son algunos de los factores generadores de inseguridad en Buenaventura. Estas dinámicas llevaron a la Defensoría en enero del 2013 a calificar al 35 % de los barrios de la ciudad como zonas de riesgo.
CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS
3. Desplazamiento Forzado
El acumulado de la UARIV arroja que en Buenaventura hubo 125.217 personas desplazadas entre 1998 y 2013. En contraste con el acumulado nacional que es de 4.753.327, Buenaventura representa el 2,6 % de los desplazamientos en el país. Según reportes de la misma entidad, fue entre 2010 y 2012 el primer municipio expulsor en Colombia y el que tuvo más desplazamientos intraurbanos. Durante el periodo enero-julio de 2013 los desplazamientos causados por enfrentamientos o amenazas de los GAPD y grupos armados no estatales han causado el desplazamiento de 733 personas en 7 eventos, según el registro de OCHA. La cifra supera al mismo período de 2012, en el que se desplazaron 528 personas. El número de desplazados se triplicó entre 2011 y 2012, pasando de 1.389 a 5.557 personas afectadas, fenómeno relacionado con la llegada de Los Urabeños al municipio y sus posteriores enfrentamientos con Los Rastrojos que causaron el desplazamiento de 4.854 personas (OCHA) entre octubre y diciembre de 2012. Estas emergencias se caracterizan por ser intraurbanas y afectar mayoritariamente a población afrocolombiana e indígena (57% y 43% de las víctimas, respectivamente). Las principales preocupaciones del EHL son las demoras en el proceso de valoración y registro de los desplazados, especialmente de los individuales o los provocados por los GAPD. En algunos casos el trámite tarda más de 10 meses o no son incluidos, lo que genera brechas en la atención o exclusión de las víctimas.
4. Minas antipersonal (MAP), Munición sin explotar (MUSE) y Artefactos explosivos improvisados (AEI):
Buenaventura registra pocos casos de uso de MAP/MUSE y AEI, en comparación con el resto del departamento. Entre 2012 y el 2013 se detonaron explosivos contra las instituciones o infraestructura protegida, especialmente torres de energía. En el 2013 se han registrado 2 ataques en la zona urbana y 3 en zona rural, lo que ha representado una disminución con respecto al 2012 en el que se presentaron 5 eventos, la mayoría de ellos contra torres de energía. Situación similar se registra en las operaciones de desminado militar. En el 2012 la Fuerza Pública realizó 12 al registrar peligros en zonas rurales. El 2013 disminuyeron los operativos, pues entre enero y junio solo se ejecutaron 3 (PAICMA).
5. Niñez y conflicto armado:
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, mayoritariamente por GAPD, está entre las principales consecuencias humanitarias del conflicto y la violencia armada en Buenaventura. El Comité Intersectorial para la prevención del reclutamiento forzado priorizó al municipio por cumplir con 10 de los 11 factores que ponen en riesgo a la población infantil. El fenómeno se ubica principalmente en las comunas 12, 10, 5 y 2. Aunque existe un subregistro de los casos, se conoce que los GAPD han exigido que los padres entreguen a los menores de 14 años como informantes y a los mayores de 14 como combatientes y les ofrecen a cerca de $800.000 pesos (400 dólares) por su vinculación . Estas amenazas de reclutamiento han desencadenado desplazamientos individuales y colectivos, específicamente en la comuna 12. Por protección algunas familias se han dividido, enviando a los jóvenes a otros barrios o fuera de la ciudad mientras el resto de integrantes permanece bajo riesgo.
Minorías étnicas:
6. Comunidades Indígenas
Las comunidades indígenas representan solo el 0,7% de la población del municipio. En las zonas rurales y urbanas se encuentran los pueblos Embera Chamí, Inga, Nasa, Eperara Siapidara y Wounan. Se ubican principalmente en comunidades en el Bajo Calima, el Bajo San Juan y el río Naya, además de cauces de ríos y cercanías de las vías principales. Su situación humanitaria es preocupante, especialmente la de la comunidad Nasa, que constituye el 43% de la población desplazada durante el 2013. Esta es una tendencia en aumento, pues no se registraba una emergencia similar en comunidades indígenas desde el 2010, cuando los grupos paramilitares forzaron el desplazamiento de 97 personas del resguardo de Santa Rosa de Guayacán, etnia Wounan.
7. Comunidades Afrocolombianas
En el municipio operan organizaciones étnicas de las que se destacan el Proceso de Comunidades Negras (PCN) con presencia más fuerte en la zona urbana y rural, consejos comunitarios asociados a FECOVA y ACADESAN, que agrupa a las comunidades del río Calima, el río San Juan y sus afluentes. Sus acciones se direccionan hacia la integración del enfoque diferencial en la atención humanitaria de emergencia y políticas públicas, aunque han manifestado un retroceso por la falta de reconocimiento de las autoridades locales y nacionales, los cambios de mandatarios y de metodologías políticas (ACNUR), y las divergencias entre ellas mismas. En el 2013 el PCN denunció el asesinato de un líder del Consejo Comunitario de La Caucana y a su vez las comunidades del Bajo Calima reportaron constantes violaciones a su territorio ancestral con panfletos, restricciones y presiones de la Fuerza Pública, ante el reclamo por la venta de lotes y la construcción de una bodega de contenedores de una multinacional en propiedad colectiva.
8. Confinamiento y Acceso Humanitario
En la zona rural el control de los grupos armados no estatales restringe la movilidad de las comunidades, fenómeno que se ha vuelto recurrente en las comunidades del litoral pacífico del país. Estas restricciones han afectado las actividades productivas, genera inseguridad alimentaria, limita el acceso a servicios fundamentales, como salud, educación y atención humanitaria. Durante los primeros meses del 2013 bajo las órdenes de Los Rastrojos y Los Urabeños se produjo un confinamiento y se limitó la ayuda humanitaria para 10 comunidades en la zona del Bajo San Juan y Bajo Calima, lo que afectó a cerca de 2.000 indígenas y afrocolombianos. En el casco urbano los enfrentamientos entre GAPD han creado fronteras invisibles entre los barrios y calles que restringen las actividades laborales, el transporte, la asistencia a las escuelas y prácticas culturales. El impacto y la magnitud de este problema ha quedado invisibilizado debido a la dificultad que enfrentan las organizaciones y autoridades locales para ingresar a los territorios y reportar los hechos.
9. Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)
Las mujeres de Buenaventura están expuestas a riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales o políticas y sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos. Reciben amenazas por impedir el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, por sus relaciones reales o presuntas con miembros de los grupos armados y el incumplimiento de normas de comportamiento impuestas por estos (Defensoría del Pueblo 2013). Aunque persiste el subregistro, estos riesgos se han materializado en homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y desaparición. En 2012 se presentaron siete casos de asesinatos de mujeres, 6 cadáveres fueron hallados desmembrados y se denunció una desaparición forzada, todos los hechos fueron relacionados con el conflicto armado (PCN 2013). Entre enero y octubre de 2013 se han registrado 10 asesinatos de mujeres, dos de lideresas sociales. La constante de estos hechos llevó a que lideresas del municipio denunciaran el fenómeno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2013, adicionalmente la Fiscalía General de la Nación anunció la creación de una unidad especializada para la violencia de género en el municipio. La Defensoría del Pueblo también ha registrado que las niñas y adolescentes, especialmente en las comunas 2, 5, 7, 11 y 12, son obligadas a prostituirse o a tener relaciones sexuales forzadas para “proteger” a sus familias de miembros de los GAPD.
10. Desastres naturales
Buenaventura cuenta con numerosos barrios nacidos como asentamientos urbanos en bajamar, sin canalización de aguas, alcantarillado ni servicios básicos, lo que aumenta el riesgo de afectación ante amenazas de origen natural, especialmente inundaciones, vendavales y deslizamientos. Durante 2013 por lo menos 1.700 personas han sufrido por estas emergencias, una baja con respecto al 2012 cuando se registraron cerca de 22.800 damnificados por desastres de origen natural (UNGRD). Según la Dirección de Gestión de Riesgos, la ola invernal 2010 – 2011 afectó al menos a 14.400 personas en el municipio de Buenaventura. Siendo las más afectadas las comunidades de los ríos San Juan, Cajambre, Naya y Anchicayá. Esta emergencia evidenció las debilidades institucionales en prevención, consolidación de información, análisis de necesidades, coordinación interinstitucional y la necesidad de un enfoque diferencial en la atención a la población. Las inundaciones de los ríos Raposo, Anchicayá y Cajambre en temporada de lluvias son habituales, agravadas por la extracción indiscriminada de minerales. Para octubre de 2013 se registraron crecientes en estos ríos que afectaron a 1600 habitantes de las comunidades ribereñas. Desde 2011, OCHA está acompañando el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres en los simulacros para atender el riesgo de tsunami.
COORDINACIÓN
11. Además del EHL Valle del Cauca - Cauca que cubre al municipio, se ha promovido un espacio local de coordinación (Comité Interinstitucional Humanitario - CIH) en el que participan agencias y ONG que operan en el municipio, vinculando también a organizaciones locales y al Ministerio Público. Actualmente participan en este espacio ACNUR, OACNUDH, Defensoría del Pueblo, Heartland Alliance, PMA, OCHA, PCN, Servicio Jesuita para Refugiados, Pastoral Social, Pastoral Afro, Solidaridad Internacional, y MSF-F y CICR como observadores.
12. Prioridades de financiamiento:
El EHL definió como prioritario el acompañamiento multisectorial a las comunidades indígenas y afrocolombianas del Bajo San Juan y del Bajo Calima afectadas por restricciones a la movilidad en los primeros meses de 2013, dado que la asistencia estatal entregada fue insuficiente y aún persisten necesidades humanitarias y de recuperación temprana. Las comunas 6, 9, 12 de Buenaventura también son prioritarias por su vulnerabilidad dados los vacíos en protección (riesgo de re-victimización con amenazas o nuevos desplazamientos) y la ausencia institucional.
Presencia operativa del Equipo Humanitario Local
Para mayor información sobre este producto, contacte a:
Oficina OCHA Cali
Dirección: Carrera 37 número6-28
Teléfono: +5725573696
Correo electrónico: ochapacifico@colombiassh.org