Córdoba

Datos departamentales1:
•Gobernador: Edwin Besaile Fayad
•Población:1.709.604 (2015). 13,2% Afrocolombianos / 10,4%Indígenas. (Estimado 2013)(¹)
•Índice de Desarrollo Humano: 0,798(2011)(²)
• PIB: $ 12.265 millones (2013pr) /PIB Per Cápita: $7.397millones (2012) (¹)
•Coeficiente de GINI: 0,527 (2013)(²)
• Índice de concentración de la tierra: 0,83 (2011)(²)
• Tasa de desempleo: 8,6 (2013)(³)

Indicadores HumanitariosIndicadores HumanitariosIndicadores Humanitarios
• Total acumulado PDI: 283.569(1996-2014)(⁴) / 136.106 (1999-2013) (⁵)
•PDI:3.334 (2014)(⁴). Desplazamientos masivos:951 (2013)(⁸)189 (2014)(⁸)
• Víctimas MAP/MUSE: 264 (1990-2014)(⁶)/ 4 (2014)(⁶)
•Personas bajo línea de pobreza:51.8% (2013)(¹)
•Personas bajo línea de indigencia (menos de US$1,25/ día): 18.6% (2013)(¹)
• Necesidades básicas insatisfechas (NBI): 42,68% (Cabecera), 76,6% (Resto) (Junio 2011)(¹)
• Tasa de mortalidad infantil: 33 /1.000 nacidos vivos (2015 - 2020)(¹)
• Afectados por Desastres naturales: 29.651 (2013)(⁷) / 59.581 (2014) (⁷)

El departamento de Córdoba, con capital en Montería, está ubicado en la zona noroeste de Colombia en la Región Caribe. Limita al norte con el Mar Caribe y el departamento de Departamento de Sucre; al este con el mar Caribe y el departamento de Departamento de Antioquia; al oeste con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia; y al sur con el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 23.980 kilómetros distribuidos en 30 municipios.

Mensajes Clave

• Las diferentes situaciones de conflicto en el departamento afectan de manera negativa a la población civil, sobre todo, en los territorios con presencia y control de grupos armados. Los procesos de restitución de tierras sin resolución rápida y efectiva, así como la permanencia de campesinos que no han conseguido garantías de seguridad y sostenibilidad productiva, son hechos que requieren del fortalecimiento institucional. La recuperación de la confianza en las instituciones se configura como el principal desafío para avanzar en la construcción de paz y la restauración del tejido social. La presencia del Estado, con oferta e inversión en las regiones más apartadas y de difícil acceso, es uno de los principales retos en un escenario posacuerdo. (Ver Contexto en Construcción de Paz y Retos).

• Los altos niveles de pobreza, las brechas de desigualdad entre las áreas urbanas y rurales acentuadas por diferentes aspectos de vulnerabilidad, la existencia y consecuencias del conflicto armado, los conflictos por el uso y vocación del suelo al igual que por la explotación de los recursos minero-energéticos, y las situaciones de protección y abuso contra la población que derivan de estas actividades, son hechos característicos del territorio de Córdoba. Estas situaciones generan alteraciones en las condiciones de vida de la comunidad, la sostenibilidad del ecosistema y la variabilidad climática. (Ver Contexto de Desarrollo Sostenible y Retos).

• El departamento de Córdoba presenta diferentes situaciones humanitarias relacionadas con el conflicto armado que afectan a la sociedad civil, como por ejemplo limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios; control social y violencia sexual basada en género (VBG). La dinámica de la violencia armada en la región se atribuye actualmente al conflicto territorial de los grupos armados postdesmovilización (GAPD) sobre los corredores estratégicos, a través de las prácticas en economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal, principalmente en los lugares que dejan las FARC-EP, en su proceso de agrupamiento y desmovilización en el marco del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional. (Ver Contexto Humanitario y Retos).

1. Contexto en Construcción de Paz y Retos

Mensajes claves

• En el departamento recientemente han surgido situaciones de conflicto que configuran riesgos inminentes para la población civil, en su mayoría de la zona rural, que se ven afectados por la falta de garantías de seguridad y sostenibilidad productiva. Por ejemplo, se presentan conflictos relacionados con el acceso, propiedad y uso de la tierra, generando amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de tierras y de derechos humanos, afectando de esta forma los procesos de restitución de tierras, sin resolución rápida y efectiva para los procesos de retorno.

• En su historia reciente, Córdoba se ha caracterizado por contar con la presencia de grupos armados no estatales, los cuales dificultan la ejecución de procesos institucionales debilitando los entes territoriales del departamento. De igual manera, se caracteriza por poseer una institucionalidad débil sobre todo en los territorios con presencia y control de grupos armados. Por tal motivo, lograr recobrar la confianza en las instituciones es de gran importancia y solo a través del fortalecimiento de las mismas, especialmente en zonas donde se han reportado hechos de corrupción y de violencia armada, se puede avanzar en la construcción de paz y la recuperación del tejido social en el territorio.

• Los niveles de pobreza por encima del promedio nacional, están representados principalmente por las condiciones en las que vive la población campesina del departamento, quienes ante la falta de oportunidades se ven obligados a realizar actividades en torno a la minería ilegal y los cultivos ilícitos, las cuales se configuran como las principales actividades de trabajo informal, afectando las estrategias y programas que buscan mitigar la situación de pobreza. De ahí que surja la necesidad de crear y fortalecer nuevas estrategias de intervención adecuadas a las dificultades estructurales.

Contexto en Construcción de Paz y Retos

Conflictos en el territorio

. Además del conflicto armado, existen dos conflictos que son centrales en el departamento. El primero es el conflicto alrededor del uso y la concentración de la tierra, que se ha evidenciado por medio de una disminución en el número de propietarios. El coeficiente GINI de tierras en 2016 alcanzó un valor de 0.460. Este indicador evidencia un fenómeno prevalente en Córdoba: pocos propietarios con varios predios. Otro factor incidente en este conflicto está relacionado con el uso de la tierra, que afecta al 62% del departamento: 34% de la geografía está subutilizada. El segundo conflicto se relaciona con la alarmante situación ambiental en el departamento, debido a la falta de protección de los ecosistemas: 26% del territorio pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 17% se encuentra bajo la figura de reserva forestal y cuenta con ecosistemas estratégicos (8.681 hectáreas de mangalares, 2.474 de áreas coralinas y 620 de pastos marinos. Los conflictos relacionados con el uso y vocación del suelo, así como la explotación de los recursos minero-energéticos, son una amenaza constante no sólo para la sostenibilidad de los ecosistemas y la variabilidad climática, sino también para las condiciones de vida de los habitantes, especialmente para aquellas poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Derechos de las víctimas

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, el departamento tiene 335.743 víctimas registradas (el 19% de la población),170.420 de las cuales son mujeres y 119 población LGBTI. La estigmatización y la violencia contra líderes campesinos han dificultado los procesos de reparación integral. Los procesos de restitución de tierras, que han sido centrales para las víctimas del departamento, son uno de los principales ejes de la reparación a las víctimas. La URT (Unidad de Restitución de Tierras) actualmente cubre a 23 de los 30 municipios del departamento de Córdoba. A la fecha se han emitido 88 sentencias de restitución que han beneficiado alrededor de 2.567 personas, de las cuales 1.435 son mujeres. Así mismo, se avanza en el proceso de restitución de derechos territoriales étnicos mediante diálogos con las autoridades indígenas Embera Katío del Alto San Jorge y del resguardo indígena Zenú, de los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, y se promueven espacios de comunicación con líderes de procesos comunitarios afrocolombianos, raizales y palenqueros.

Movilización social

El conflicto armado ha tenido un impacto negativo sobre el tejido social del departamento, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la población se exprese. Se destacan las iniciativas “Alianza Ciudadana Muévete por Montería” y “El Sur de Córdoba se Mueve por la Construcción de la Democracia”, entre otras expresiones de movilización social donde participan organizaciones sociales, académicas, del sector privado y público, en busca de fortalecer la participación ciudadana y promover la trasformación de la cultura política. Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos han sido protagónicas en el departamento, acompañando a víctimas y comunidades en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y al territorio, como el grupo “Tierra y Territorio de Córdoba”. Entre septiembre de 2012 y agosto de 2015, en el marco de Acciones Colectivas por la Paz, se registraron 20 movilizaciones en el departamento.

Capacidad institucional y social

El Índice de Transparencia Departamental es de 50,8 para el año 2016, lo que sitúa a Córdoba en un nivel alto de riesgo de corrupción. Este panorama expresa la probabilidad de ocurrencia de casos de corrupción originados en prácticas clientelistas, entre otros factores, lo cual incide de forma directa en el bienestar, la prosperidad y la calidad de vida de la población. Adicionalmente, la injerencia que tuvieron los grupos armados no estatales, en prácticas políticas en el departamento y en algunas de sus instituciones, ha hecho que aumente la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad. Aunque varios de los líderes reconocidos por sus presuntos vínculos con el fenómeno paramilitar han sido judicializados y han sido relevados de sus cargos, la población no ha percibido un cambio debido a que familiares de los representantes que fueron procesados por su posible relación con grupos paramilitares, siguen siendo funcionarios de corporaciones públicas.

Seguridad ciudadana

En Córdoba todos los municipios cuentan con presencia de la Policía a través de 5 distritos, 25 estaciones, 8 subestaciones, 4 puestos y 1 CAI (Centro de Atención Inmediata)12. El Ejército Nacional tiene presencia en Montería a través del Batallón de Infantería No. 33 Junín, el Batallón de A.S.P.C No. 11 "Cacique Tirromé", el Gaula con jurisdicción en todo el departamento, y el Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 11 "Antonio Ignacio Gallardo y Guerrero" en Tierralta13. A pesar de la presencia de la fuerza pública en el departamento, aún existen retos para asegurar la seguridad de sus ciudadanos. Así se evidenció con el paro armado declarado por el Grupo Armado Posdesmovilización (GAPD) – Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en abril de 2016, que afectó la normalidad de varios municipios y generó temor en la población con panfletos y grafitis en diferentes calles. En los últimos años, la inseguridad que vive la ciudadanía se ha convertido en una preocupación en el departamento y, especialmente, en su capital Montería, ante el aumento de diferentes delitos. Así, por ejemplo, entre 2014 y 2015 se registró un aumento en el número de extorsiones, pasando estas de 52 a 90 casos, lo cual representó un aumento del 73%; con respecto a las lesiones personales, entre estos mismos años aumentaron en un 7,7% creciendo el número de casos de 1.366 a 1.471.

Hechos de implementación de paz

Córdoba es uno de los departamentos donde se desarrollan dos iniciativas en torno al posacuerdo lideradas por el Gobierno Nacional a través de la Alta Consejería para el Posconflicto apoyadas por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En primer lugar, está Manos a la Paz, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de construcción de paz de los territorios, vinculando a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país. En segundo lugar, se desarrolla el proyecto Diálogos y capacidades para la construcción de paz, que también busca fortalecer las capacidades de algunos territorios, entre los cuales se encuentra contemplado el departamento de Córdoba. Adicionalmente, desde algunas instituciones educativas, se han gestado proyectos de preparación para el posconflicto por medio del reconocimiento histórico. Por ejemplo, el Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba se ha capacitado en la construcción de memoria para contarle a la población los hechos ocurridos en la universidad durante los años álgidos del paramilitarismo en la región16. Todas estas iniciativas están orientadas a alcanzar la paz sostenible y duradera, el desarrollo territorial sustentable, el fortalecimiento de un Estado social de derecho y la implementación de una cultura de la paz. Adicionalmente, en la vereda Gallo del municipio de Tierralta, se encuentra un Punto Transitorio de Normalizacion PTN donde se adelantan acciones de dejación de armas, desmovilización y reinserción de los excombatientes de las FARC, aportando de manera operativa a la construcción de paz territorial.

Contexto Humanitario y Retos

4. Desplazamiento Forzado

Según el monitoreo de desplazamiento masivo realizado por OCHA y el Equipo Humanitario Local, durante 2013 se presentaron al menos nueve eventos de desplazamiento masivo que afectaron a cerca de 1.000 personas, todos estos eventos ocurrieron en el municipio de Tierralta al sur del departamento, en la región del Nudo de Paramillo. En lo corrido de 2014, se han presentado dos desplazamientos masivos en el municipio de Puerto Libertador. Esta dinámica persiste desde 2012. Confrontaciones armadas, homicidios selectivos y otros ataques contra la población civil han sido las principales causas de los desplazamientos masivos en Córdoba; las FARC-EP y Los Urabeños serían los principales responsables de estos actos. En la región son comunes los desplazamientos interveredales, en particular de comunidades indígenas Zenú y Embera Katío, sin embargo en la mayoría de casos estos eventos no se denuncian por temor.

5. Según datos del Registro Único de Víctimas, en 2013 se incluyeron 8.740 víctimas del desplazamiento forzado en el departamento (individual y/o masivo) y al mes de septiembre de 2014 se han presentado 1.487 nuevas víctimas. Existe información comunitaria e institucional donde se indica la ¨prohibición¨ de que la población se desplace de forma masiva y si lo hacen de manera individual que sea sin declarar los hechos, debido a que para los actores armados no estatales esto es sinónimo de denuncia. Dicho fenómeno dificulta la obtención de datos cuantitativos sobre el alcance de la problemática del desplazamiento, así como la activación de la ruta de asistencia-atención fijada en la ley de víctimas.

6. Preocupa la efectividad de las acciones de prevención y respuesta al desplazamiento forzado. Zonas del departamento son afectadas de forma reiterada por esta problemática sin que se tomen medidas eficaces para su prevención. En el caso específico de los desplazamientos masivos, los municipios han señalado su débil capacidad para atención inmediata, y en algunos eventos, como en zonas de Tierralta, han manifestado que existen limitaciones de acceso para las instituciones estatales

7. Minas Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)

Según cifras oficiales , en 2013 se presentaron 17 víctimas de MAP/MUSE en Córdoba, seis de ellas civiles, en donde el municipio de Tierra alta concentró el 95% de las víctimas. En el año 2014, se han presentado 4 nuevas víctimas, tres de las cuales fueron en Puerto Libertador y una en Tierra alta. Este último municipio del sur del departamento, ubicado en la estratégica zona del Nudo Paramillo, concentra cerca del 50% de todas las víctimas de MAP/MUSE en Córdoba desde 1990, teniendo en cuenta que en esta zona las minas han sido usadas para resguardar corredores estratégicos y zonas de cultivos de coca. La contaminación por armases una de las principales causas de desplazamiento y de restricciones a la movilidad. La comunidad indígena Emberá Katio del Alto Sinú, ubicada en zona rural del municipio de Tierralta, ha sido una de las más afectadas debido a la presencia de explosivos en zonas destinadas para pescar, sembrar o cazar, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Este riesgo también ha restringido el acceso de actores humanitarios en algunas zonas. Organizaciones locales estiman que existe subregistro en el número de víctimas debido a que en muchas ocasiones no se denuncian los eventos. El EHL ha identificado como necesidad prioritaria la difusión y conocimiento a nivel comunitario de las rutas institucionales de atención y asistencia, y actividades de Educación en el riesgo de minas.

8. Niñez y conflicto armado

Ante elfortalecimiento de los GAPD y las nuevas estrategias de control territorial de los grupos armados no estatales, es de preocupación para la comunidad humanitaria el reclutamiento y uso de NNAJ en actividades relacionadas con el Conflicto armado. Sin embargo, no se cuenta con cifras que puedan soportar estas observaciones. Un indicador de la problemática es la cifra reportada por el SAT de la Defensoría del Pueblo: sólo entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 se documentaron 30 casos de reclutamiento forzado en un corregimiento del municipio de Tierralta. Para el año de 2014 según la Defensoría del Pueblo se ha incrementado el subregistro de estos casos, tanto así que no existen cifras oficiales, sin embargo se sostiene la hipótesis de una abstinencia a declarar estos casos por temor de las comunidades ante retaliaciones de los GAPD y/o las FARC-EP, además de evitar posteriores procesos de judicialización o verse inmersos en procesos de investigación penal que según las comunidades podría ponerlos en mayor riesgo ante los actores del conflicto. Otro factor que hay que tener en cuenta además de la permanente presencia y contacto con los grupos armados, es que existen otros factores estructurales que propician el reclutamiento y la vinculación de NNA, entre ellos lasdificultades para ingresar o permanecer en el sistema educativo, la ausencia y/o baja permanencia de profesores, falta de garantía por parte del Estado con la alimentación en las Instituciones Educativas (IE), pobreza crónica, limitado a acceso a servicios y oportunidades laborales, y trabajo a temprana edad en economías ilícitas como apoyo para el sustento de su familia.

En 2013, las limitaciones de acceso a la educación fueron de gran preocupación para la comunidad humanitaria. Alrededor de 600 maestros dejaron de presentarse a trabajar en seis municipios del sur de Córdoba debido amenazas sistemáticas, extorsiones, deficiencias en la infraestructura y retrasos de contratación. En 2014, esta situación afectó a cerca de 28.000 estudiantes que no tuvieron clases durante la mayor parte del año escolar. De igual manera, en el mes de mayo de 2014 circularon dos panfletos amenazantes en el municipio de Puerto Libertador, generando temor en el cuerpo de docentes y directivos de las Instituciones Educativas, padres de familias y estudiantes, lo cual condujo a que como medida de seguridad se suspendieran las clases en el municipio por aproximadamente dos meses, afectando así a cerca de 10.000 niños, niñas y adolescentes del casco urbano y rural. La contaminación por explosivos en los senderos que conducen a las escuelas desalienta aún más la asistencia de los alumnos, así como la falta de agua potable. En lo corrido del 2015, ya se estima que al menos 18.000 estudiantes en zona rural de municipios del sur de Córdoba no han tenido acceso al calendario académico, situación que evidencia la falta de compromiso y respuesta Estatal en el departamento.

9. Comunidades Indígenas

La población indígena de Córdoba está compuesta por cerca de 150 mil personas⁹, pertenecientes a las etnias Embera y Zenú, que se agrupan en tres resguardos. Estas comunidades han sido las más afectadas por el conflicto en 2013, el 54% de las personas desplazadas en eventos masivos pertenecían a estas comunidades¹⁰. Las intervenciones CERF 2013-2014 en Tierra alta, respondieron a las afectaciones por situaciones de confinamiento, limitaciones a la movilidad y desplazamientos forzados que la comunidad Embera ha sufrido en los últimos dos años, además de incrementar su capacidad de preparación y resiliencia ante estos eventos. En 2012,cinco líderes Embera fueron asesinados Tierralta, y según datos de la Secretaría de Salud Departamental, se registraron siete Suicidios y 16 intentos de suicidio de miembros de esta comunidad, presuntamente asociados a las presiones sobre el territorio y las limitaciones a la libre movilidad. En el año 2014 se presentaron 2 casos de suicidios en menores de edad en esa misma comunidad, directamente relacionados por presiones del actor armado no estatal¹¹.

10. Confinamiento y Acceso Humanitario

Desde enero de 2013, OCHA y los Equipo Humanitario Locales EHL iniciaron un ejercicio de seguimiento y monitoreo de limitaciones al acceso humanitario y confinamiento. En Córdoba, se han identificado situaciones crónicas que afectan en particular a poblaciones en los municipios del sur del departamento: San José de Uré, Tierralta, Montelíbano, y Puerto Libertador. En estas zonas, según el análisis derivado del EHL de Córdoba, al menos 30.000 personas en su mayoría indígenas, han visto limitada su movilidad por el riesgo de contaminación por MAP, presencia permanente de grupos armados no estatales y GAPD que intimidan e imponen limitaciones de movimiento a la población y de bienes e insumos. Estas situaciones afectan significativamente la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades. En 2014, la disminución del nivel de los ríos por la temporada seca, ha impedido la navegación por varios ríos limitando el acceso a comunidades indígenas remotas. Esta limitación, sumada a la posible presencia de MAP en la zona, ha implicado retrasos importantes en la operación humanitaria.

11. Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)

La violencia sexual es empleada de manera sistemática y generalizada por los grupos armados no estatales y GAPD. El EHL ha recibido reportes de situaciones de violencia sexual contra niñas y mujeres atribuidos a las FARC-EP y a GAPD, en los municipios de Tierralta, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica (Córdoba), Valencia y Puerto Libertador. Los GAPD han sido acusados de cometer actos de violencia sexual, y de crear y controlar redes de explotación sexual y tráfico de personas. La ausencia de cifras fiables sobre esta problemática, es en parte consecuencia de la falta de denuncia por parte de las víctimas por temor y falta de garantías en cuanto a protección, desconfianza en los agentes estatales, y en muchas ocasiones por desconocimiento de rutas de denuncia y atención.

12. Desastres naturales

Según las cifras reportadas por la UNGRD, en 2013 resultaron afectadas 29.651 personas por desastres naturales y en 2014 esta cifra asciende a 59.581 personas (+100%), principalmente por fenómenos de sequía, vendavales e inundaciones. El departamento es propenso a inundaciones y a temporadas de sequía por las altas temperaturas. A pesar de la previsibilidad de estos eventos, son recurrentes las afectaciones en varias zonas del departamento, señalando la necesidad de acciones efectivas de preparación, prevención y operativización de planes de contingencia, además de la atención a las emergencias.
afectación.

Cordinación

13. El EHL ha priorizado su acción y respuesta en zonas de difícil acceso, donde la presencia estatal es limitada, y en situaciones de emergencia generadas por el conflicto armado o desastres naturales. Actualmente, las acciones de organizaciones del EHL benefician al menos a 17.000 personas¹⁵ en los municipios del sur de Córdoba y algunos de la zona costanera, que comparten la misma dinámica. Los objetivos principales del EHL para 2015, se concentran en: 1. Mejorar la capacidad de respuesta para proveer asistencia efectiva y oportuna para salvar vidas (Implementación de protocolos de respuesta, MIRA), 2. Aumentar las capacidades de resiliencia de las comunidades en riesgo y afectadas (Soluciones Sostenibles), 3. Promover una respuesta efectiva, integral y multisectorial, que asegure la centralidad de la protección (Protección). 4 .Fortalecer la comunicación y visibilización de la situación humanitaria (Incidencia) en coordinación con la institucionalidad y Ministerio Público implicados en la respuesta humanitaria (UARIV, SAT- Defensoría del Pueblo y autoridades locales).

Fecha de Actualización: Marzo 2015

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Referencias

¹ Fuentes: (1) DANE. (2) PNUD – Cálculos INHD 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares DANE. (3) DANE - BOLETIN DE PRENSA (Febr. 28, 2013). (4) UARIV. (5) CODHES. (6) PAICMA. (7) SIGPAD. (8) OCHA SIDIH/Monitor.

³ Fuente: Indepaz, VIII Informe sobre grupos narcoparamilitares 2012. Agosto, 2013.
⁴ Fuente: Ídem.
⁵ DAICMA: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
⁶ DAICMA: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
⁷ DANE, censo 2005.
⁸ UARIV
⁹ SEDESALUD 2014, Oficina de salud mental.
¹⁰ Limitación al acceso se refiere a la capacidad de los actores humanitarios para acceder a una zona o población para prestar asistencia humanitaria, o para las poblaciones para acceder a asistencia humanitaria, bienes y/o servicios básicos. Ver: http://bit.ly/1eKiTiB
¹¹ Confinamiento se refiere a una situación donde está limitada la movilidad de la población y se restringe el acceso al menos a tres bienes y/o servicios básicos, durante un periodo de una o más semanas.
¹² UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

14 UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
15 Fuente: SIDIH 4W, con corte a 27 febrero 2015