Córdoba

Datos departamentales1: •Gobernador: Edwin Besaile Fayad •Población:1.709.604 (2015). 13,2% Afrocolombianos / 10,4%Indígenas. (Estimado 2013)(1) •Índice de Desarrollo Humano: 0,798(2011)(2) • PIB: $ 12.265 millones (2013pr) /PIB Per Cápita: $7.397millones (2012) (1) •Coeficiente de GINI: 0,527 (2013)(2) • Índice de concentración de la tierra: 0,83 (2011)(2) • Tasa de desempleo: 8,6 (2013)(3)

Indicadores HumanitariosIndicadores HumanitariosIndicadores Humanitarios • Total acumulado PDI: 283.569(1996-2014)(4) / 136.106 (1999-2013) (5) •PDI:3.334 (2014)(4). Desplazamientos masivos:951 (2013)(8)189 (2014)(8) • Víctimas MAP/MUSE: 264 (1990-2014)(6)/ 4 (2014)(6) •Personas bajo línea de pobreza:51.8% (2013)(1) •Personas bajo línea de indigencia (menos de US$1,25/ día): 18.6% (2013)(1) • Necesidades básicas insatisfechas (NBI): 42,68% (Cabecera), 76,6% (Resto) (Junio 2011)(1) • Tasa de mortalidad infantil: 33 /1.000 nacidos vivos (2015 - 2020)(1) • Afectados por Desastres naturales: 29.651 (2013)(7) / 59.581 (2014) (7)

El departamento de Córdoba, con capital en Montería, está ubicado en la zona noroeste de Colombia en la Región Caribe. Limita al norte con el Mar Caribe y el departamento de Departamento de Sucre; al este con el mar Caribe y el departamento de Departamento de Antioquia; al oeste con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia; y al sur con el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 23.980 kilómetros distribuidos en 30 municipios.

Mensajes Clave

• Las diferentes situaciones de conflicto en el departamento afectan de manera negativa a la población civil, sobre todo, en los territorios con presencia y control de grupos armados. Los procesos de restitución de tierras sin resolución rápida y efectiva, así como la permanencia de campesinos que no han conseguido garantías de seguridad y sostenibilidad productiva, son hechos que requieren del fortalecimiento institucional. La recuperación de la confianza en las instituciones se configura como el principal desafío para avanzar en la construcción de paz y la restauración del tejido social. La presencia del Estado, con oferta e inversión en las regiones más apartadas y de difícil acceso, es uno de los principales retos en un escenario posacuerdo. (Ver Contexto en Construcción de Paz y Retos).

• Los altos niveles de pobreza, las brechas de desigualdad entre las áreas urbanas y rurales acentuadas por diferentes aspectos de vulnerabilidad, la existencia y consecuencias del conflicto armado, los conflictos por el uso y vocación del suelo al igual que por la explotación de los recursos minero-energéticos, y las situaciones de protección y abuso contra la población que derivan de estas actividades, son hechos característicos del territorio de Córdoba. Estas situaciones generan alteraciones en las condiciones de vida de la comunidad, la sostenibilidad del ecosistema y la variabilidad climática. (Ver Contexto de Desarrollo Sostenible y Retos).

• El departamento de Córdoba presenta diferentes situaciones humanitarias relacionadas con el conflicto armado que afectan a la sociedad civil, como por ejemplo limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios; control social y violencia sexual basada en género (VBG). La dinámica de la violencia armada en la región se atribuye actualmente al conflicto territorial de los grupos armados postdesmovilización (GAPD) sobre los corredores estratégicos, a través de las prácticas en economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal, principalmente en los lugares que dejan las FARC-EP, en su proceso de agrupamiento y desmovilización en el marco del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional. (Ver Contexto Humanitario y Retos).

1. Contexto en Construcción de Paz

Mensajes claves

• En el departamento recientemente han surgido situaciones de conflicto que configuran riesgos inminentes para la población civil, en su mayoría de la zona rural, que se ven afectados por la falta de garantías de seguridad y sostenibilidad productiva. Por ejemplo, se presentan conflictos relacionados con el acceso, propiedad y uso de la tierra, generando amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de tierras y de derechos humanos, afectando de esta forma los procesos de restitución de tierras, sin resolución rápida y efectiva para los procesos de retorno.

• En su historia reciente, Córdoba se ha caracterizado por contar con la presencia de grupos armados no estatales, los cuales dificultan la ejecución de procesos institucionales debilitando los entes territoriales del departamento. De igual manera, se caracteriza por poseer una institucionalidad débil sobre todo en los territorios con presencia y control de grupos armados. Por tal motivo, lograr recobrar la confianza en las instituciones es de gran importancia y solo a través del fortalecimiento de las mismas, especialmente en zonas donde se han reportado hechos de corrupción y de violencia armada, se puede avanzar en la construcción de paz y la recuperación del tejido social en el territorio.

• Los niveles de pobreza por encima del promedio nacional, están representados principalmente por las condiciones en las que vive la población campesina del departamento, quienes ante la falta de oportunidades se ven obligados a realizar actividades en torno a la minería ilegal y los cultivos ilícitos, las cuales se configuran como las principales actividades de trabajo informal, afectando las estrategias y programas que buscan mitigar la situación de pobreza. De ahí que surja la necesidad de crear y fortalecer nuevas estrategias de intervención adecuadas a las dificultades estructurales.

Contexto en Construcción de Paz y Retos

Conflictos en el territorio

. Además del conflicto armado, existen dos conflictos que son centrales en el departamento. El primero es el conflicto alrededor del uso y la concentración de la tierra, que se ha evidenciado por medio de una disminución en el número de propietarios. El coeficiente GINI de tierras en 2016 alcanzó un valor de 0.460. Este indicador evidencia un fenómeno prevalente en Córdoba: pocos propietarios con varios predios. Otro factor incidente en este conflicto está relacionado con el uso de la tierra, que afecta al 62% del departamento: 34% de la geografía está subutilizada. El segundo conflicto se relaciona con la alarmante situación ambiental en el departamento, debido a la falta de protección de los ecosistemas: 26% del territorio pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 17% se encuentra bajo la figura de reserva forestal y cuenta con ecosistemas estratégicos (8.681 hectáreas de mangalares, 2.474 de áreas coralinas y 620 de pastos marinos. Los conflictos relacionados con el uso y vocación del suelo, así como la explotación de los recursos minero-energéticos, son una amenaza constante no sólo para la sostenibilidad de los ecosistemas y la variabilidad climática, sino también para las condiciones de vida de los habitantes, especialmente para aquellas poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Derechos de las víctimas

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, el departamento tiene 335.743 víctimas registradas (el 19% de la población),170.420 de las cuales son mujeres y 119 población LGBTI. La estigmatización y la violencia contra líderes campesinos han dificultado los procesos de reparación integral. Los procesos de restitución de tierras, que han sido centrales para las víctimas del departamento, son uno de los principales ejes de la reparación a las víctimas. La URT (Unidad de Restitución de Tierras) actualmente cubre a 23 de los 30 municipios del departamento de Córdoba. A la fecha se han emitido 88 sentencias de restitución que han beneficiado alrededor de 2.567 personas, de las cuales 1.435 son mujeres. Así mismo, se avanza en el proceso de restitución de derechos territoriales étnicos mediante diálogos con las autoridades indígenas Embera Katío del Alto San Jorge y del resguardo indígena Zenú, de los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, y se promueven espacios de comunicación con líderes de procesos comunitarios afrocolombianos, raizales y palenqueros.

Movilización social

El conflicto armado ha tenido un impacto negativo sobre el tejido social del departamento, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la población se exprese. Se destacan las iniciativas “Alianza Ciudadana Muévete por Montería” y “El Sur de Córdoba se Mueve por la Construcción de la Democracia”, entre otras expresiones de movilización social donde participan organizaciones sociales, académicas, del sector privado y público, en busca de fortalecer la participación ciudadana y promover la trasformación de la cultura política. Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos han sido protagónicas en el departamento, acompañando a víctimas y comunidades en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y al territorio, como el grupo “Tierra y Territorio de Córdoba”. Entre septiembre de 2012 y agosto de 2015, en el marco de Acciones Colectivas por la Paz, se registraron 20 movilizaciones en el departamento.

Capacidad institucional y social

El Índice de Transparencia Departamental es de 50,8 para el año 2016, lo que sitúa a Córdoba en un nivel alto de riesgo de corrupción. Este panorama expresa la probabilidad de ocurrencia de casos de corrupción originados en prácticas clientelistas, entre otros factores, lo cual incide de forma directa en el bienestar, la prosperidad y la calidad de vida de la población. Adicionalmente, la injerencia que tuvieron los grupos armados no estatales, en prácticas políticas en el departamento y en algunas de sus instituciones, ha hecho que aumente la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad. Aunque varios de los líderes reconocidos por sus presuntos vínculos con el fenómeno paramilitar han sido judicializados y han sido relevados de sus cargos, la población no ha percibido un cambio debido a que familiares de los representantes que fueron procesados por su posible relación con grupos paramilitares, siguen siendo funcionarios de corporaciones públicas.

Seguridad ciudadana

En Córdoba todos los municipios cuentan con presencia de la Policía a través de 5 distritos, 25 estaciones, 8 subestaciones, 4 puestos y 1 CAI (Centro de Atención Inmediata)12. El Ejército Nacional tiene presencia en Montería a través del Batallón de Infantería No. 33 Junín, el Batallón de A.S.P.C No. 11 "Cacique Tirromé", el Gaula con jurisdicción en todo el departamento, y el Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 11 "Antonio Ignacio Gallardo y Guerrero" en Tierralta13. A pesar de la presencia de la fuerza pública en el departamento, aún existen retos para asegurar la seguridad de sus ciudadanos. Así se evidenció con el paro armado declarado por el Grupo Armado Posdesmovilización (GAPD) – Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en abril de 2016, que afectó la normalidad de varios municipios y generó temor en la población con panfletos y grafitis en diferentes calles. En los últimos años, la inseguridad que vive la ciudadanía se ha convertido en una preocupación en el departamento y, especialmente, en su capital Montería, ante el aumento de diferentes delitos. Así, por ejemplo, entre 2014 y 2015 se registró un aumento en el número de extorsiones, pasando estas de 52 a 90 casos, lo cual representó un aumento del 73%; con respecto a las lesiones personales, entre estos mismos años aumentaron en un 7,7% creciendo el número de casos de 1.366 a 1.471.

Hechos de implementación de paz

Córdoba es uno de los departamentos donde se desarrollan dos iniciativas en torno al posacuerdo lideradas por el Gobierno Nacional a través de la Alta Consejería para el Posconflicto apoyadas por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En primer lugar, está Manos a la Paz, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de construcción de paz de los territorios, vinculando a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país. En segundo lugar, se desarrolla el proyecto Diálogos y capacidades para la construcción de paz, que también busca fortalecer las capacidades de algunos territorios, entre los cuales se encuentra contemplado el departamento de Córdoba. Adicionalmente, desde algunas instituciones educativas, se han gestado proyectos de preparación para el posconflicto por medio del reconocimiento histórico. Por ejemplo, el Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba se ha capacitado en la construcción de memoria para contarle a la población los hechos ocurridos en la universidad durante los años álgidos del paramilitarismo en la región16. Todas estas iniciativas están orientadas a alcanzar la paz sostenible y duradera, el desarrollo territorial sustentable, el fortalecimiento de un Estado social de derecho y la implementación de una cultura de la paz. Adicionalmente, en la vereda Gallo del municipio de Tierralta, se encuentra un Punto Transitorio de Normalizacion PTN donde se adelantan acciones de dejación de armas, desmovilización y reinserción de los excombatientes de las FARC, aportando de manera operativa a la construcción de paz territorial.

2. Contexto de Desarrollo Sostenible

Mensajes claves

• La presencia de empresas nacionales y multinacionales que explotan los recursos naturales provocan cambios en las condiciones naturales del territorio por acciones como el desmonte o compactación del suelo. Además, la implementación y el desarrollo de economías ilegales, las dificultades de acceso a la tierra para los campesinos, así como la concentración y uso inadecuado del suelo y los efectos generados por fenómenos climáticos (El Niño y La Niña), han configurado serias limitaciones para el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental.

• La situación ambiental del departamento se caracteriza por no contar con suficiente protección de los ecosistemas. El 32,9% del territorio pertenece al SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) bajo nueve categorías de áreas protegidas, equivalentes a 789.314,37 hectáreas entre las que se destacan el Parque Natural Paramillo y el Parque Natural Santafé17. Se presentan conflictos por el uso y vocación del suelo al igual que por la explotación de los recursos minero-energéticos, prácticas que generan alteraciones en las condiciones de vida y protección de la comunidad, la sostenibilidad del ecosistema y la variabilidad climática.

• Las condiciones geográficas del departamento configuran diferentes factores de riesgo que, al no ser atendidos de manera preventiva, generan consecuencias en el bienestar y la calidad de vida de la población. Los ríos Canalete y Los Córdobas y numerosas quebradas que bajan de la Serranía de Abibe, generalmente se secan en el verano a causa de la deforestación e inundan las zonas y veredas que quedan a su ribera en invierno. Aunque existen mecanismos de planeación establecidos a nivel nacional, se requiere la necesidad de acompañamiento para hacer efectivos los planes que destinen adecuadamente los recursos a nivel municipal.

Contexto en Desarrollo Sostenible y Retos

Pobreza

El departamento de Córdoba ha registrado avances significativos en los últimos 13 años frente a la reducción de la pobreza, al pasar de 65,6% en 2002 a 44,8% en 2016 (21,9% hombres y 23% mujeres), es decir una reducción de 20 puntos porcentuales (p.p). La reducción más importante se presentó en los últimos 4 años, cuando la incidencia de la pobreza se redujo en casi 15 p.p. Aún con estos avances, cerca de 800.000 personas viven en situación de pobreza en el departamento. La pobreza extrema muestra una tendencia muy similar, con una reducción de 20 p.p. en los últimos trece años y de 14.5 p.p. en los últimos 4 años. A pesar de estos avances, el departamento registra una incidencia de 10,8% en pobreza extrema que equivale a 188 mil personas en riesgo de inseguridad alimentaria19. En términos de Pobreza Multidimensional, se registra una incidencia del 80% en el departamento, evidenciando diferencias importantes en el acceso a bienes y servicios entre las zonas urbanas y rurales del departamento; mientras en las primeras se revela una incidencia del 66%, en las segundas esta incidencia corresponde al 93%.

Mercado Laboral

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2015 una explicación plausible de la reducción en materia de pobreza en el departamento se relaciona con el avance en materia de mercado de trabajo. Entre 2012 y 2015 la ocupación aumentó para más de 75 mil personas, lo que equivale a un aumento de la tasa de ocupación de casi 3 p.p. (de 55% en 2012 a 58% en 2015). De igual forma, en este período la población desempleada se redujo en 43 mil personas, lo que equivale a una reducción de la tasa de desempleo de cerca de 4 p.p. (10,3% a 6%). Estos avances se explican en gran medida por el aumento de la demanda de mano de obra en sectores como la construcción, el comercio, los restaurantes y los establecimientos financieros. Es importante resaltar que el departamento ha sobresalido por una baja calidad del empleo y altas tasas de informalidad, así como el bajo acceso al empleo de mujeres y jóvenes. Córdoba concentra el 40% de las investigaciones por trabajo infantil a nivel nacional, siendo así la región más afectada por esta problemática.

Educación

Los principales problemas estructurales del sistema educativo son el retraso en la contratación a través del banco de oferentes de docentes de planta, la falta de contratación oportuna de los operadores que garantizan los programas de alimentación escolar sobre todo en zonas rurales, la ausencia de políticas de financiación para el transporte de niños y niñas y la existencia de ambientes escolares que no están acordes con la dignidad de docentes y estudiantes. Estos son causas de la deserción y de la desescolarización de niños, niñas y adolescentes, quienes se convierten en objetos de vinculación a diferentes grupos armados, vulnerables frente a la explotación sexual y laboral.

Salud

En Córdoba el 96,5% de la población se encuentra afiliada a algún régimen de salud. No obstante, la distribución de las afiliaciones (79,2% subsidiado, 23,2% contributivo y 3,1% excepción)24 evidencia altos niveles de pobreza e informalidad. La efectividad en la prestación de los servicios varía considerablemente entre las zonas urbanas y rurales, debido a que en estas últimas no existe una infraestructura adecuada para la prestación del servicio de atención en salud o está en condiciones precarias, además de una escasa presencia de profesionales de la salud que no alcanza cubrir la totalidad de la demanda de la población rural. Las dificultades para acceder a controles prenatales, de crecimiento y desarrollo inciden en las tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna y muertes por desnutrición que se encuentran en niveles superiores al promedio nacional.

Vivienda y servicios públicos

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 201326, el 78,1% de los hogares (246.410) del departamento presentan algún déficit de vivienda, correspondiente un 19,5% a déficit cuantitativo, y 58,5% a déficit cualitativo. Los municipios de Canalete (95,1%), Puerto Escondido (94,3%) y Los Córdobas (93,4%) son los más afectados. En las cabeceras municipales el 11,1% de las viviendas no cuenta con servicio sanitario o carece de acueducto y se provee de agua en río, nacimiento, carro tanque o de lluvia. En la zona rural el 10,6% de las viviendas carece de servicio sanitario y acueducto.

Sostenibilidad

Las características físicas del departamento y las transformaciones antrópicas a las que se ha visto sometido lo hacen altamente vulnerable a la afectación producida por los fenómenos climáticos. Factores ambientales, socioculturales, tecnológicos, políticos y económicos tienen gran incidencia sobre la vulnerabilidad del departamento, siendo especialmente proclive a inundaciones, erosión y sequía. Aunque los diferentes escenarios de riesgo se encuentran identificados y priorizados por cada subregión, no existe una atención eficiente que permita prevenir el riesgo. En el municipio de Montelíbano se encuentra ubicada la empresa minera Cerromatoso, la única mina de níquel en el país, y en el municipio de Tierralta se encuentra la Hidroeléctrica Urrá I, empresas que se encuentran ligadas al desarrollo económico de Córdoba, pero que a la vez han sido objeto de debate por los impactos que los pobladores perciben en sus comunidades, asociados a contaminación ambiental y afectaciones a la salud de los habitantes.

Cultura Política

Del total de habitantes de Córdoba, 1.208.603 (68,5%)27 se encuentran habilitados para votar. En torno a las elecciones de autoridades locales del año 2015, de los 1.184.094 habitantes que estaban habilitados para votar, 839.282 ejercieron su derecho a sufragar donde se evidencia una participación del 70,87% y un margen de abstención de 29,13%28, mostrando un elevado interés de participación por parte de la población cordobesa. Este panorama se logra visibilizar gracias al trabajo realizado por las organizaciones sociales y alianzas establecidas en el departamento las cuales han trabajado de manera conjunta con la comunidad y los dirigentes políticos para promover la participación ciudadana, la incidencia institucional, la transformación de la cultura política y la adscripción de agendas ciudadanas en los planes de desarrollo tanto local como departamental. Sin embargo y pese al esfuerzo, se evidencian en el departamento costumbres y tradiciones políticas ligadas al clientelismo, en donde perpetúan a grupos y familias en el poder.

Concentración de la tierra y su vocación

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)29 el departamento de Córdoba cuenta con 1.112.466 hectáreas aptas para agricultura, pero solo son explotadas 440.241 en esta actividad, es decir, el 21,6%. A su vez, el área de vocación pecuaria es de 240.912 hectáreas pero se dedican a esta explotación un total de 1.213.947 hectáreas, las cuales ocupan cinco veces más del área indicada, ocasionando el deterioro de la capa productiva, es decir, el territorio se ve afectado por las malas prácticas productivas, además de carecer de un esquema de planeación en sus dinámicas de mejor uso.

3. Contexto Humanitario

Mensajes claves

• Las consecuencias humanitarias de la violencia armada en la zona se evidencian en las víctimas por accidentes con explosivos, restricciones a la movilidad, confinamiento y desplazamiento forzado individual y masivo, además del reclutamiento, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA), como también el uso, explotación sexual y laboral de menores en actividades relacionadas con el conflicto. Estos riesgos y vacíos en el goce efectivo de derechos que presentan las personas, requieren de garantías de protección y respuesta por parte del Estado.

• Las amenazas y violencia contra líderes y lideresas sociales, de procesos de restitución de tierras, defensores de derechos humanos y sus familiares, son una de las mayores preocupaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC). La dinámica de la violencia armada en la región se atribuye actualmente al conflicto territorial de los grupos armados posdesmovilización (GAPD) sobre los corredores estratégicos, a través de las prácticas en economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal, principalmente en los lugares que dejan las FARC-EP, en su proceso de agrupamiento y desmovilización en el marco del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional. El sur de Córdoba es escenario de grandes proyectos extractivos e incremento de los cultivos ilícitos, factores que han contribuido a una mayor militarización de la zona, causante de confrontaciones armadas y ataques a la población civil en particular en la subregión del Nudo del Paramillo.

• Los municipios de la zona costanera y del Bajo Sinú presentan diferentes problemáticas de conflicto que afectan a la sociedad civil, como las limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios en horarios específicos, control social y violencia sexual basada en género, que afecta principalmente a mujeres y niñas, afectaciones producto del accionar de los grupos armados posdesmovilización que operan en esta subregión en el desarrollo del tráfico de drogas, aunque con menos visibilidad que en otras zonas. Estos hechos agudizan la vulnerabilidad de la población al conjugarse con las necesidades en materia de salud, agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria y nutrición.

4. Desplazamiento Forzado

Según el monitoreo de desplazamiento masivo realizado por OCHA y el Equipo Humanitario Local, durante 2013 se presentaron al menos nueve eventos de desplazamiento masivo que afectaron a cerca de 1.000 personas, todos estos eventos ocurrieron en el municipio de Tierralta al sur del departamento, en la región del Nudo de Paramillo. En lo corrido de 2014, se han presentado dos desplazamientos masivos en el municipio de Puerto Libertador. Esta dinámica persiste desde 2012. Confrontaciones armadas, homicidios selectivos y otros ataques contra la población civil han sido las principales causas de los desplazamientos masivos en Córdoba; las FARC-EP y Los Urabeños serían los principales responsables de estos actos. En la región son comunes los desplazamientos interveredales, en particular de comunidades indígenas Zenú y Embera Katío, sin embargo en la mayoría de casos estos eventos no se denuncian por temor.

5. Según datos del Registro Único de Víctimas, en 2013 se incluyeron 8.740 víctimas del desplazamiento forzado en el departamento (individual y/o masivo) y al mes de septiembre de 2014 se han presentado 1.487 nuevas víctimas. Existe información comunitaria e institucional donde se indica la ¨prohibición¨ de que la población se desplace de forma masiva y si lo hacen de manera individual que sea sin declarar los hechos, debido a que para los actores armados no estatales esto es sinónimo de denuncia. Dicho fenómeno dificulta la obtención de datos cuantitativos sobre el alcance de la problemática del desplazamiento, así como la activación de la ruta de asistencia-atención fijada en la ley de víctimas.

6. Preocupa la efectividad de las acciones de prevención y respuesta al desplazamiento forzado. Zonas del departamento son afectadas de forma reiterada por esta problemática sin que se tomen medidas eficaces para su prevención. En el caso específico de los desplazamientos masivos, los municipios han señalado su débil capacidad para atención inmediata, y en algunos eventos, como en zonas de Tierralta, han manifestado que existen limitaciones de acceso para las instituciones estatales

7. Minas Antipersonal (MAP), Munición sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)

Según cifras oficiales , en 2013 se presentaron 17 víctimas de MAP/MUSE en Córdoba, seis de ellas civiles, en donde el municipio de Tierra alta concentró el 95% de las víctimas. En el año 2014, se han presentado 4 nuevas víctimas, tres de las cuales fueron en Puerto Libertador y una en Tierra alta. Este último municipio del sur del departamento, ubicado en la estratégica zona del Nudo Paramillo, concentra cerca del 50% de todas las víctimas de MAP/MUSE en Córdoba desde 1990, teniendo en cuenta que en esta zona las minas han sido usadas para resguardar corredores estratégicos y zonas de cultivos de coca. La contaminación por armases una de las principales causas de desplazamiento y de restricciones a la movilidad. La comunidad indígena Emberá Katio del Alto Sinú, ubicada en zona rural del municipio de Tierralta, ha sido una de las más afectadas debido a la presencia de explosivos en zonas destinadas para pescar, sembrar o cazar, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria. Este riesgo también ha restringido el acceso de actores humanitarios en algunas zonas. Organizaciones locales estiman que existe subregistro en el número de víctimas debido a que en muchas ocasiones no se denuncian los eventos. El EHL ha identificado como necesidad prioritaria la difusión y conocimiento a nivel comunitario de las rutas institucionales de atención y asistencia, y actividades de Educación en el riesgo de minas.

8. Niñez y conflicto armado

Ante elfortalecimiento de los GAPD y las nuevas estrategias de control territorial de los grupos armados no estatales, es de preocupación para la comunidad humanitaria el reclutamiento y uso de NNAJ en actividades relacionadas con el Conflicto armado. Sin embargo, no se cuenta con cifras que puedan soportar estas observaciones. Un indicador de la problemática es la cifra reportada por el SAT de la Defensoría del Pueblo: sólo entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 se documentaron 30 casos de reclutamiento forzado en un corregimiento del municipio de Tierralta. Para el año de 2014 según la Defensoría del Pueblo se ha incrementado el subregistro de estos casos, tanto así que no existen cifras oficiales, sin embargo se sostiene la hipótesis de una abstinencia a declarar estos casos por temor de las comunidades ante retaliaciones de los GAPD y/o las FARC-EP, además de evitar posteriores procesos de judicialización o verse inmersos en procesos de investigación penal que según las comunidades podría ponerlos en mayor riesgo ante los actores del conflicto. Otro factor que hay que tener en cuenta además de la permanente presencia y contacto con los grupos armados, es que existen otros factores estructurales que propician el reclutamiento y la vinculación de NNA, entre ellos lasdificultades para ingresar o permanecer en el sistema educativo, la ausencia y/o baja permanencia de profesores, falta de garantía por parte del Estado con la alimentación en las Instituciones Educativas (IE), pobreza crónica, limitado a acceso a servicios y oportunidades laborales, y trabajo a temprana edad en economías ilícitas como apoyo para el sustento de su familia.

En 2013, las limitaciones de acceso a la educación fueron de gran preocupación para la comunidad humanitaria. Alrededor de 600 maestros dejaron de presentarse a trabajar en seis municipios del sur de Córdoba debido amenazas sistemáticas, extorsiones, deficiencias en la infraestructura y retrasos de contratación. En 2014, esta situación afectó a cerca de 28.000 estudiantes que no tuvieron clases durante la mayor parte del año escolar. De igual manera, en el mes de mayo de 2014 circularon dos panfletos amenazantes en el municipio de Puerto Libertador, generando temor en el cuerpo de docentes y directivos de las Instituciones Educativas, padres de familias y estudiantes, lo cual condujo a que como medida de seguridad se suspendieran las clases en el municipio por aproximadamente dos meses, afectando así a cerca de 10.000 niños, niñas y adolescentes del casco urbano y rural. La contaminación por explosivos en los senderos que conducen a las escuelas desalienta aún más la asistencia de los alumnos, así como la falta de agua potable. En lo corrido del 2015, ya se estima que al menos 18.000 estudiantes en zona rural de municipios del sur de Córdoba no han tenido acceso al calendario académico, situación que evidencia la falta de compromiso y respuesta Estatal en el departamento.

9. Comunidades Indígenas

La población indígena de Córdoba está compuesta por cerca de 150 mil personas⁹, pertenecientes a las etnias Embera y Zenú, que se agrupan en tres resguardos. Estas comunidades han sido las más afectadas por el conflicto en 2013, el 54% de las personas desplazadas en eventos masivos pertenecían a estas comunidades¹⁰. Las intervenciones CERF 2013-2014 en Tierra alta, respondieron a las afectaciones por situaciones de confinamiento, limitaciones a la movilidad y desplazamientos forzados que la comunidad Embera ha sufrido en los últimos dos años, además de incrementar su capacidad de preparación y resiliencia ante estos eventos. En 2012,cinco líderes Embera fueron asesinados Tierralta, y según datos de la Secretaría de Salud Departamental, se registraron siete Suicidios y 16 intentos de suicidio de miembros de esta comunidad, presuntamente asociados a las presiones sobre el territorio y las limitaciones a la libre movilidad. En el año 2014 se presentaron 2 casos de suicidios en menores de edad en esa misma comunidad, directamente relacionados por presiones del actor armado no estatal¹¹.

10. Confinamiento y Acceso Humanitario

 Desde enero de 2013, OCHA y los Equipo Humanitario Locales EHL iniciaron un ejercicio de seguimiento y monitoreo de limitaciones al acceso humanitario y confinamiento. En Córdoba, se han identificado situaciones crónicas que afectan en particular a poblaciones en los municipios del sur del departamento: San José de Uré, Tierralta, Montelíbano, y Puerto Libertador. En estas zonas, según el análisis derivado del EHL de Córdoba, al menos 30.000 personas en su mayoría indígenas, han visto limitada su movilidad por el riesgo de contaminación por MAP, presencia permanente de grupos armados no estatales y GAPD que intimidan e imponen limitaciones de movimiento a la población y de bienes e insumos. Estas situaciones afectan significativamente la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades. En 2014, la disminución del nivel de los ríos por la temporada seca, ha impedido la navegación por varios ríos limitando el acceso a comunidades indígenas remotas. Esta limitación, sumada a la posible presencia de MAP en la zona, ha implicado retrasos importantes en la operación humanitaria.

11. Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)

La violencia sexual es empleada de manera sistemática y generalizada por los grupos armados no estatales y GAPD. El EHL ha recibido reportes de situaciones de violencia sexual contra niñas y mujeres atribuidos a las FARC-EP y a GAPD, en los municipios de Tierralta, Montelíbano, La Apartada, Planeta Rica (Córdoba), Valencia y Puerto Libertador. Los GAPD han sido acusados de cometer actos de violencia sexual, y de crear y controlar redes de explotación sexual y tráfico de personas. La ausencia de cifras fiables sobre esta problemática, es en parte consecuencia de la falta de denuncia por parte de las víctimas por temor y falta de garantías en cuanto a protección, desconfianza en los agentes estatales, y en muchas ocasiones por desconocimiento de rutas de denuncia y atención.

12. Desastres naturales

 Según las cifras reportadas por la UNGRD, en 2013 resultaron afectadas 29.651 personas por desastres naturales y en 2014 esta cifra asciende a 59.581 personas (+100%), principalmente por fenómenos de sequía, vendavales e inundaciones. El departamento es propenso a inundaciones y a temporadas de sequía por las altas temperaturas. A pesar de la previsibilidad de estos eventos, son recurrentes las afectaciones en varias zonas del departamento, señalando la necesidad de acciones efectivas de preparación, prevención y operativización de planes de contingencia, además de la atención a las emergencias.
afectación.

Cordinación

13. El EHL ha priorizado su acción y respuesta en zonas de difícil acceso, donde la presencia estatal es limitada, y en situaciones de emergencia generadas por el conflicto armado o desastres naturales. Actualmente, las acciones de organizaciones del EHL benefician al menos a 17.000 personas¹⁵  en los municipios del sur de Córdoba y algunos de la zona costanera, que comparten la misma dinámica. Los objetivos principales del EHL para 2015, se concentran en: 1. Mejorar la capacidad de respuesta para proveer asistencia efectiva y oportuna para salvar vidas (Implementación de protocolos de respuesta, MIRA), 2. Aumentar las capacidades de resiliencia de las comunidades en riesgo y afectadas (Soluciones Sostenibles), 3. Promover una respuesta efectiva, integral y multisectorial, que asegure la centralidad de la protección (Protección). 4 .Fortalecer la comunicación y visibilización de la situación humanitaria (Incidencia) en coordinación con la institucionalidad y Ministerio Público implicados en la respuesta humanitaria (UARIV, SAT- Defensoría del Pueblo y autoridades locales).

                                                                                   

                                                                                             

                                                    

Fecha de Actualización: Marzo 2015

Para mayor información sobre este producto, contacte a:
Oficina OCHA Bogotá
Dirección:Cra. 13 No. 93 - 12Of. 402
Teléfono: +57 1 6221100
Correo electrónico: cordoba@umaic.org

Referencias

¹ Fuentes: (1) DANE. (2) PNUD – Cálculos INHD 2011, a partir de proyecciones de población, Estadísticas Vitales, Cuentas Nacionales, Encuestas de Hogares DANE. (3) DANE - BOLETIN DE PRENSA (Febr. 28, 2013). (4) UARIV. (5) CODHES. (6) PAICMA. (7) SIGPAD. (8) OCHA SIDIH/Monitor.

³ Fuente: Indepaz, VIII Informe sobre grupos narcoparamilitares 2012. Agosto, 2013.
⁴ Fuente: Ídem.
⁵ DAICMA: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
⁶ DAICMA: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
⁷ DANE, censo 2005.
⁸ UARIV
⁹ SEDESALUD 2014, Oficina de salud mental.
¹⁰ Limitación al acceso se refiere a la capacidad de los actores humanitarios para acceder a una zona o población para prestar asistencia humanitaria, o para las poblaciones para acceder a asistencia humanitaria, bienes y/o servicios básicos. Ver: http://bit.ly/1eKiTiB
¹¹ Confinamiento se refiere a una situación donde está limitada la movilidad de la población y se restringe el acceso al menos a tres bienes y/o servicios básicos, durante un periodo de una o más semanas.
¹² UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

14 UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
15 Fuente: SIDIH 4W, con corte a 27 febrero 2015