Córdoba

Datos departamentales<ref>Datos Demográficos I Gobernación del departamento de Córdoba. II-III-IV) DANE Censo 2005 proyección 2017; V) DANE Censo 2005. 2 Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios: i) UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV) desplazamientos individuales. Corte 01/07/2016; ii) OCHA, desplazamientos masivos. Corte 01/03/ 2013 a 31/03/ 2016; iii) DAICMA - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Víctimas por MAP/MUSE. Corte - 31/12/2017 􀂱 MONITOR.; iv) Monitoreo OCHA. Corte 01/01/ 2013 a 31/03/2016; v) UNGRD 􀂱Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Corte 31/03/2016; vi) Medicina Legal, 2016; vii; viii; ix) MONITOR. Corte 01/012008 a 31/12/2016. X) PNUD con base en microdatos de la ECH 􀂱 GEIH del DANE xi) PNUD con base en Ministerio de Educación Nacional xii) DANE xiii) PNUD con base en microdatos de la ECH - GEIH del DANE.</ref>: Gobernador: Edwin Besaile Fayad Datos demográficos Población:1.762.530 (2015). 53% Cabecera; 47% Rural II 50,1% Hombres; 49,9% Mujeres III 13,1% Negro (a), Mulato, Afrocolombiano; 10,3% Indígena; 75,9% sin pertenencia étnica (2005) IV

Datos de Desarrollo, Paz y Humanitarios •Desplazamiento: PDI individuales: 337.525 (1985-2016); 3.028 (2015); 473 (2016) i PDI masivos: 7.626 (2009-2017); 0 (2015); 313 (2016); 41 (2017) ii •Víctimas de minas: Civil: 92 (2001-2016); 1 (2015); 1 (2016) Fuerza Pública: 177 (2001-2016); 1 (2015); 0 (2016) 98% hombres, 2% mujeres (2001-2016) iii •Acceso y confinamiento: 1.424.409 (2013-2017); 250.677 (2015); 1.135.137 (2016); 0 (2017) iv •Desastres naturales: 323.496 (2011-2016); 15.456 (2015); 14.227 (2016); 25 (2017) v •Homicidios: 239 (2016), 92,9% hombres, 7,1% mujeres vi •Amenazas (individuales/colectivas): 275 (2008-2017); 28 (2015); 52 (2016); 10 (2'017) vii •Ataques contra la población civil: 707(2008-2017); 39 (2015); 67 (2016); 15 (2017) viii •Acciones bélicas: 251 (2008-2016); 6 (2015); 10 (2016); 5 (2017) •Incidencia de la pobreza por ingresos: 46,3% (2014); 46,6% (2015) x •Cobertura bruta en educación: 79% (2013); 84% (2014) xi •Mortalidad Infantil Ajustada: 24,7 (2012); 24,3 (2013) -por cada 1000 nacidos vivos xii •Desempleo: 9,7%(2016) 6,5% Hombres y 14,6% Mujeres xiii

El departamento de Córdoba, con capital en Montería, está ubicado en la zona noroeste de Colombia en la Región Caribe. Limita al norte con el mar Caribe y el departamento de Sucre; al este con el mar Caribe y el departamento de Departamento de Antioquia; al oeste con los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia; y al sur con el departamento de Antioquia. Tiene una extensión de 23.980 kilómetros distribuidos en 30 municipios.

Mensajes Clave

• Las diferentes situaciones de conflicto en el departamento afectan de manera negativa a la población civil, sobre todo, en los territorios con presencia y control de grupos armados. Los procesos de restitución de tierras sin resolución rápida y efectiva, así como la permanencia de campesinos que no han conseguido garantías de seguridad y sostenibilidad productiva, son hechos que requieren del fortalecimiento institucional. La recuperación de la confianza en las instituciones se configura como el principal desafío para avanzar en la construcción de paz y la restauración del tejido social. La presencia del Estado, con oferta e inversión en las regiones más apartadas y de difícil acceso, es uno de los principales retos en un escenario posacuerdo. (Ver Contexto en Construcción de Paz y Retos).

• Los altos niveles de pobreza, las brechas de desigualdad entre las áreas urbanas y rurales acentuadas por diferentes aspectos de vulnerabilidad, la existencia y consecuencias del conflicto armado, los conflictos por el uso y vocación del suelo al igual que por la explotación de los recursos minero-energéticos, y las situaciones de protección y abuso contra la población que derivan de estas actividades, son hechos característicos del territorio de Córdoba. Estas situaciones generan alteraciones en las condiciones de vida de la comunidad, la sostenibilidad del ecosistema y la variabilidad climática. (Ver Contexto de Desarrollo Sostenible y Retos).

• El departamento de Córdoba presenta diferentes situaciones humanitarias relacionadas con el conflicto armado que afectan a la sociedad civil, como por ejemplo limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios; control social y violencia sexual basada en género (VBG). La dinámica de la violencia armada en la región se atribuye actualmente al conflicto territorial de los grupos armados posdesmovilización (GAPD) sobre los corredores estratégicos, a través de las prácticas en economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal, principalmente en los lugares que dejan las FARC-EP, en su proceso de agrupamiento y desmovilización en el marco del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional. (Ver Contexto Humanitario y Retos).

2. Contexto en Construcción de Paz

Mensajes claves

• En el departamento recientemente han surgido situaciones de conflicto que configuran riesgos inminentes para la población civil, en su mayoría de la zona rural, que se ven afectados por la falta de garantías de seguridad y sostenibilidad productiva. Por ejemplo, se presentan conflictos relacionados con el acceso, propiedad y uso de la tierra, generando amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de tierras y de derechos humanos, afectando de esta forma los procesos de restitución de tierras, sin resolución rápida y efectiva para los procesos de retorno.

• En su historia reciente, Córdoba se ha caracterizado por contar con la presencia de grupos armados no estatales, los cuales dificultan la ejecución de procesos institucionales debilitando los entes territoriales del departamento. De igual manera, se caracteriza por poseer una institucionalidad débil sobre todo en los territorios con presencia y control de grupos armados. Por tal motivo, lograr recobrar la confianza en las instituciones es de gran importancia y solo a través del fortalecimiento de las mismas, especialmente en zonas donde se han reportado hechos de corrupción y de violencia armada, se puede avanzar en la construcción de paz y la recuperación del tejido social en el territorio.

• Los niveles de pobreza por encima del promedio nacional, están representados principalmente por las condiciones en las que vive la población campesina del departamento, quienes ante la falta de oportunidades se ven obligados a realizar actividades en torno a la minería ilegal y los cultivos ilícitos, las cuales se configuran como las principales actividades de trabajo informal, afectando las estrategias y programas que buscan mitigar la situación de pobreza. De ahí que surja la necesidad de crear y fortalecer nuevas estrategias de intervención adecuadas a las dificultades estructurales.

Contexto en Construcción de Paz y Retos

Conflictos en el territorio

Además del conflicto armado, existen dos conflictos que son centrales en el departamento. El primero es el conflicto alrededor del uso y la concentración de la tierra, que se ha evidenciado por medio de una disminución en el número de propietarios. El coeficiente GINI de tierras en 2016 alcanzó un valor de 0.460. Este indicador evidencia un fenómeno prevalente en Córdoba: pocos propietarios con varios predios. Otro factor incidente en este conflicto está relacionado con el uso de la tierra, que afecta al 62% del departamento: 34% de la geografía está subutilizada<ref>Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC 2015) http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/c8eb398044ab6ec2bbd1ff9d03208435/IGAC+revela.pdf?MOD=AJPERES Pág. 2.</ref>. El segundo conflicto se relaciona con la alarmante situación ambiental en el departamento, debido a la falta de protección de los ecosistemas: 26% del territorio pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 17% se encuentra bajo la figura de reserva forestal y cuenta con ecosistemas estratégicos (8.681 hectáreas de manglares, 2.474 de áreas coralinas y 620 de pastos marinos<ref>SINAP, MADS, IGAC http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/sistema-nacional-de-areas-protegidas-sinap/registro-unico-nacional-de-areas-protegias/</ref>. Los conflictos relacionados con el uso y vocación del suelo, así como la explotación de los recursos minero-energéticos, son una amenaza constante no sólo para la sostenibilidad de los ecosistemas y la variabilidad climática, sino también para las condiciones de vida de los habitantes, especialmente para aquellas poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Derechos de las víctimas

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, el departamento tiene 335.743 víctimas registradas<ref>UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas RUV), corte 01/01/2017.</ref> (el 19% de la población),170.420 de las cuales son mujeres y 119 población LGBTI. La estigmatización y la violencia contra líderes campesinos han dificultado los procesos de reparación integral. Los procesos de restitución de tierras, que han sido centrales para las víctimas del departamento, son uno de los principales ejes de la reparación a las víctimas. La URT (Unidad de Restitución de Tierras) actualmente cubre a 23 de los 30 municipios del departamento de Córdoba. A la fecha se han emitido 88 sentencias de restitución<ref>Unidad de Restitución de Tierras https://goo.gl/rN9B5p. Consultado el 04/08/2016.</ref> que han beneficiado alrededor de 2.567 personas, de las cuales 1.435 son mujeres. Así mismo, se avanza en el proceso de restitución de derechos territoriales étnicos mediante diálogos con las autoridades indígenas Embera Katío del Alto San Jorge y del resguardo indígena Zenú, de los municipios de San Andrés de Sotavento y Tuchín, y se promueven espacios de comunicación con líderes de procesos comunitarios afrocolombianos, raizales y palenqueros.

Movilización social

El conflicto armado ha tenido un impacto negativo sobre el tejido social del departamento, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la población se exprese. Se destacan las iniciativas “Alianza Ciudadana Muévete por Montería” y “El Sur de Córdoba se Mueve por la Construcción de la Democracia”, entre otras expresiones de movilización social donde participan organizaciones sociales, académicas, del sector privado y público, en busca de fortalecer la participación ciudadana y promover la trasformación de la cultura política. Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos han sido protagónicas en el departamento, acompañando a víctimas y comunidades en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y al territorio, como el grupo “Tierra y Territorio de Córdoba”<ref>Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el posconflicto http://www.academia.edu/23881508/Tierra_y_territorio_en_el_departamento_de_C%C3%B3rdoba_en_el_posconflicto Pág. 4.</ref>. Entre septiembre de 2012 y agosto de 2015, en el marco de Acciones Colectivas por la Paz, se registraron 20 movilizaciones en el departamento<ref>Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) / Programa por la Paz, Informe: Movilización por la paz en Colombia: una infraestructura social clave para el post-acuerdo, marzo de 2016 http://www.cinep.org.co/images/iniciativas_paz/Informe_Datapaz_2.pdf Pág. 33</ref>.

Capacidad institucional y social

El Índice de Transparencia Departamental es de 50,8 para el año 2016, lo que sitúa a Córdoba en un nivel alto de riesgo de corrupción<ref>Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, abril de 2016 http://transparenciacolombia.org.co/indice-de-transparencia-de-las-entidades-publicos-enero-de-2015-a-abril-de-2016/</ref>. Este panorama expresa la probabilidad de ocurrencia de casos de corrupción originados en prácticas clientelistas, entre otros factores, lo cual incide de forma directa en el bienestar, la prosperidad y la calidad de vida de la población. Adicionalmente, la injerencia que tuvieron los grupos armados no estatales, en prácticas políticas en el departamento y en algunas de sus instituciones, ha hecho que aumente la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad<ref>Ineficacia, creencia y confianza en el Estado colombiano. http://www.bdigital.unal.edu.co/39258/1/43746-204080-1-PB.pdf Pág. 120.</ref>. Aunque varios de los líderes reconocidos por sus presuntos vínculos con el fenómeno paramilitar han sido judicializados y han sido relevados de sus cargos, la población no ha percibido un cambio debido a que familiares de los representantes que fueron procesados por su posible relación con grupos paramilitares, siguen siendo funcionarios de corporaciones públicas.

Seguridad ciudadana

En Córdoba todos los municipios cuentan con presencia de la Policía a través de 5 distritos, 25 estaciones, 8 subestaciones, 4 puestos y 1 CAI (Centro de Atención Inmediata)<ref>Policía Nacional, Comando Departamento de Córdoba https://www.policia.gov.co/cordoba/organigrama</ref>. El Ejército Nacional tiene presencia en Montería a través del Batallón de Infantería No. 33 Junín, el Batallón de A.S.P.C No. 11 "Cacique Tirromé", el Gaula con jurisdicción en todo el departamento, y el Batallón de Instrucción y Entrenamiento No. 11 "Antonio Ignacio Gallardo y Guerrero" en Tierralta<ref>Ejército Nacional Decima Primera Brigada http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=239211</ref>. A pesar de la presencia de la fuerza pública en el departamento, aún existen retos para asegurar la seguridad de sus ciudadanos. Así se evidenció con el paro armado declarado por el grupo armado posdesmovilización (GAPD) – Autodefensas Gaitanistas de Colombia<ref>También conocidos como Clan Úsuga o Los Urabeños y actualmente denominados por el Gobierno como Clan del Golfo.</ref>, en abril de 2016, que afectó la normalidad de varios municipios y generó temor en la población con panfletos y grafitis en diferentes calles. En los últimos años, la inseguridad que vive la ciudadanía se ha convertido en una preocupación en el departamento y, especialmente, en su capital Montería, ante el aumento de diferentes delitos. Así, por ejemplo, entre 2014 y 2015 se registró un aumento en el número de extorsiones, pasando estas de 52 a 90 casos, lo cual representó un aumento del 73%; con respecto a las lesiones personales, entre estos mismos años aumentaron en un 7,7% creciendo el número de casos de 1.366 a 1.471<ref>Observatorio del delito de Córdoba http://www.cordoba.gov.co/interior/index.php/observatorio-del-delito</ref>.

Hechos de implementación de paz

Córdoba es uno de los departamentos donde se desarrollan dos iniciativas en torno al posacuerdo lideradas por el Gobierno Nacional a través de la Alta Consejería para el Posconflicto apoyadas por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En primer lugar, está Manos a la Paz, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades de construcción de paz de los territorios, vinculando a ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país. En segundo lugar, se desarrolla el proyecto Diálogos y capacidades para la construcción de paz, que también busca fortalecer las capacidades de algunos territorios, entre los cuales se encuentra contemplado el departamento de Córdoba. Adicionalmente, desde algunas instituciones educativas, se han gestado proyectos de preparación para el posconflicto por medio del reconocimiento histórico. Por ejemplo, el Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad de Córdoba se ha capacitado en la construcción de memoria para contarle a la población los hechos ocurridos en la universidad durante los años álgidos del paramilitarismo en la región<ref>Movilización por la Paz en Colombia. Marzo 2016 http://www.cinep.org.co/images/iniciativas_paz/Informe_Datapaz_2.pdf Pág. 26. </ref>. Todas estas iniciativas están orientadas a alcanzar la paz sostenible y duradera, el desarrollo territorial sustentable, el fortalecimiento de un Estado social de derecho y la implementación de una cultura de la paz. Adicionalmente, en la vereda Gallo del municipio de Tierralta, se encuentra un Punto Transitorio de Normalizacion PTN donde se adelantan acciones de dejación de armas, desmovilización y reinserción de los excombatientes de las FARC-EP, aportando de manera operativa a la construcción de paz territorial.

3. Contexto de Desarrollo Sostenible

Mensajes claves

• La presencia de empresas nacionales y multinacionales que explotan los recursos naturales provocan cambios en las condiciones naturales del territorio por acciones como el desmonte o compactación del suelo. Además, la implementación y el desarrollo de economías ilegales, las dificultades de acceso a la tierra para los campesinos, así como la concentración y uso inadecuado del suelo y los efectos generados por fenómenos climáticos (El Niño y La Niña), han configurado serias limitaciones para el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental.

• La situación ambiental del departamento se caracteriza por no contar con suficiente protección de los ecosistemas. El 32,9% del territorio pertenece al SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) bajo nueve categorías de áreas protegidas, equivalentes a 789.314,37 hectáreas entre las que se destacan el Parque Natural Paramillo y el Parque Natural Santafé<ref>Registro Único Nacional de Áreas Protegidas-RUNAP http://runap.parquesnacionales.gov.co/reportes</ref>. Se presentan conflictos por el uso y vocación del suelo al igual que por la explotación de los recursos minero-energéticos, prácticas que generan alteraciones en las condiciones de vida y protección de la comunidad, la sostenibilidad del ecosistema y la variabilidad climática.

• Las condiciones geográficas del departamento configuran diferentes factores de riesgo que, al no ser atendidos de manera preventiva, generan consecuencias en el bienestar y la calidad de vida de la población. Los ríos Canalete y Los Córdobas y numerosas quebradas que bajan de la Serranía de Abibe, generalmente se secan en el verano a causa de la deforestación e inundan las zonas y veredas que quedan a su ribera en invierno. Aunque existen mecanismos de planeación establecidos a nivel nacional, se requiere la necesidad de acompañamiento para hacer efectivos los planes que destinen adecuadamente los recursos a nivel municipal.

Contexto en Desarrollo Sostenible y Retos

Pobreza

El departamento de Córdoba ha registrado avances significativos en los últimos 13 años frente a la reducción de la pobreza<ref>La medición de pobreza es monetaria y es realizada por Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE-por medio de la Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH.</ref>, al pasar de 65,6% en 2002 a 44,8% en 2016 (21,9% hombres y 23% mujeres), es decir una reducción de 20 puntos porcentuales (p.p). La reducción más importante se presentó en los últimos 4 años, cuando la incidencia de la pobreza se redujo en casi 15 p.p. Aún con estos avances, cerca de 800.000 personas viven en situación de pobreza en el departamento. La pobreza extrema muestra una tendencia muy similar, con una reducción de 20 p.p. en los últimos trece años y de 14.5 p.p. en los últimos 4 años. A pesar de estos avances, el departamento registra una incidencia de 10,8% en pobreza extrema que equivale a 188 mil personas en riesgo de inseguridad alimentaria<ref>Tomado de Boletín Técnico DANE http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2015/Cordoba_Pobreza_2015.pdf</ref>. En términos de Pobreza Multidimensional<ref>La medición por IPM se basa en 5 componentes: educación, salud, trabajo, niñez y juventud y vivienda y servicios públicos. En total se definieron 15 variables para medir los 5 componentes y el hogar que muestre privación en una tercera parte de las variables es considerado pobre. Año 2005.</ref>, se registra una incidencia del 80% en el departamento, evidenciando diferencias importantes en el acceso a bienes y servicios entre las zonas urbanas y rurales del departamento; mientras en las primeras se revela una incidencia del 66%, en las segundas esta incidencia corresponde al 93%.

Mercado Laboral

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2015 una explicación plausible de la reducción en materia de pobreza en el departamento se relaciona con el avance en materia de mercado de trabajo. Entre 2012 y 2015 la ocupación aumentó para más de 75 mil personas, lo que equivale a un aumento de la tasa de ocupación de casi 3 p.p. (de 55% en 2012 a 58% en 2015). De igual forma, en este período la población desempleada se redujo en 43 mil personas, lo que equivale a una reducción de la tasa de desempleo de cerca de 4 p.p. (10,3% a 6%). Estos avances se explican en gran medida por el aumento de la demanda de mano de obra en sectores como la construcción, el comercio, los restaurantes y los establecimientos financieros<ref>Tomado de http://www.elespectador.com/noticias/nacional/costa-atlantica-region-mas-se-registra-el-trabajo-infan-articulo-591266</ref>. Es importante resaltar que el departamento ha sobresalido por una baja calidad del empleo y altas tasas de informalidad, así como el bajo acceso al empleo de mujeres y jóvenes. Córdoba concentra el 40% de las investigaciones por trabajo infantil a nivel nacional, siendo así la región más afectada por esta problemática<ref>Tomado de http://www.elespectador.com/noticias/nacional/costa-atlantica-region-mas-se-registra-el-trabajo-infan-articulo-591266</ref>.

Educación

Los principales problemas estructurales del sistema educativo son el retraso en la contratación a través del banco de oferentes de docentes de planta, la falta de contratación oportuna de los operadores que garantizan los programas de alimentación escolar sobre todo en zonas rurales, la ausencia de políticas de financiación para el transporte de niños y niñas y la existencia de ambientes escolares que no están acordes con la dignidad de docentes y estudiantes. Estos son causas de la deserción y de la desescolarización de niños, niñas y adolescentes<ref>Tomado de http://reliefweb.int/report/colombia/limitaciones-al-acceso-de-la-educaci-n-en-el-departamento-de-c-rdoba</ref>, quienes se convierten en objetos de vinculación a diferentes [{grupos armados]], vulnerables frente a la explotación sexual y laboral.

Salud

En Córdoba el 96,5% de la población se encuentra afiliada a algún régimen de salud. No obstante, la distribución de las afiliaciones (79,2% subsidiado, 23,2% contributivo y 3,1% excepción)<ref>Ministerio de Salud y de la Protección Social (Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO, fecha de corte: febrero 27 de 2017.</ref> evidencia altos niveles de pobreza e informalidad. La efectividad en la prestación de los servicios varía considerablemente entre las zonas urbanas y rurales, debido a que en estas últimas no existe una infraestructura adecuada para la prestación del servicio de atención en salud o está en condiciones precarias, además de una escasa presencia de profesionales de la salud que no alcanza cubrir la totalidad de la demanda de la población rural. Las dificultades para acceder a controles prenatales, de crecimiento y desarrollo inciden en las tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna y muertes por desnutrición<ref>Córdoba: 24 defunciones en menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos, Nacional: 17 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. En los últimos años se registraron 113 muertes en el departamento (tasa de mortalidad materna: 96 por cada 100 mil nacidos vivos) y 9 muertes en menores de 1 año por desnutrición.</ref> que se encuentran en niveles superiores al promedio nacional.

Vivienda y servicios públicos

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2013<ref>Encuesta de Calidad de Vida 2013 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/Boletin_Prensa_ECV_2013.pdf</ref>, el 78,1% de los hogares (246.410) del departamento presentan algún déficit de vivienda, correspondiente un 19,5% a déficit cuantitativo, y 58,5% a déficit cualitativo. Los municipios de Canalete (95,1%), Puerto Escondido (94,3%) y Los Córdobas (93,4%) son los más afectados. En las cabeceras municipales el 11,1% de las viviendas no cuenta con servicio sanitario o carece de acueducto y se provee de agua en río, nacimiento, carro tanque o de lluvia. En la zona rural el 10,6% de las viviendas carece de servicio sanitario y acueducto.

Sostenibilidad

Las características físicas del departamento y las transformaciones antrópicas a las que se ha visto sometido lo hacen altamente vulnerable a la afectación producida por los fenómenos climáticos. Factores ambientales, socioculturales, tecnológicos, políticos y económicos tienen gran incidencia sobre la vulnerabilidad del departamento, siendo especialmente proclive a inundaciones, erosión y sequía. Aunque los diferentes escenarios de riesgo se encuentran identificados y priorizados por cada subregión, no existe una atención eficiente que permita prevenir el riesgo. En el municipio de Montelíbano se encuentra ubicada la empresa minera Cerromatoso, la única mina de níquel en el país, y en el municipio de Tierralta se encuentra la Hidroeléctrica Urrá I, empresas que se encuentran ligadas al desarrollo económico de Córdoba, pero que a la vez han sido objeto de debate por los impactos que los pobladores perciben en sus comunidades, asociados a contaminación ambiental y afectaciones a la salud de los habitantes.

Cultura Política

Del total de habitantes de Córdoba, 1.208.603 (68,5%)<ref>Registraduría Nacional del Estado Civil http://www.registraduria.gov.co/-Censo-Electoral,3661-.html </ref> se encuentran habilitados para votar. En torno a las elecciones de autoridades locales del año 2015, de los 1.184.094 habitantes que estaban habilitados para votar, 839.282 ejercieron su derecho a sufragar donde se evidencia una participación del 70,87% y un margen de abstención de 29,13%<ref>Registraduría Nacional del Estado Civil http://elecciones.registraduria.gov.co:81/esc_elec_2015/99GO/DGO13ZZZZZ_L1.htm</ref>, mostrando un elevado interés de participación por parte de la población cordobesa. Este panorama se logra visibilizar gracias al trabajo realizado por las organizaciones sociales y alianzas establecidas en el departamento las cuales han trabajado de manera conjunta con la comunidad y los dirigentes políticos para promover la participación ciudadana, la incidencia institucional, la transformación de la cultura política y la adscripción de agendas ciudadanas en los planes de desarrollo tanto local como departamental. Sin embargo y pese al esfuerzo, se evidencian en el departamento costumbres y tradiciones políticas ligadas al clientelismo, en donde perpetúan a grupos y familias en el poder.

Concentración de la tierra y su vocación

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)<ref>Atlas de Distribución de la Propiedad Rural en Colombia http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/8beae7804dc8d75abb1efb36b39898f6/1_notas_sobre_la_evolucion_historica_con_cubierta_1.pdf?MOD=AJPERES</ref> el departamento de Córdoba cuenta con 1.112.466 hectáreas aptas para agricultura, pero solo son explotadas 440.241 en esta actividad, es decir, el 21,6%. A su vez, el área de vocación pecuaria es de 240.912 hectáreas pero se dedican a esta explotación un total de 1.213.947 hectáreas, las cuales ocupan cinco veces más del área indicada, ocasionando el deterioro de la capa productiva, es decir, el territorio se ve afectado por las malas prácticas productivas, además de carecer de un esquema de planeación en sus dinámicas de mejor uso.

4. Contexto Humanitario

Mensajes claves

• Las consecuencias humanitarias de la violencia armada en la zona se evidencian en las víctimas por accidentes con explosivos, restricciones a la movilidad, confinamiento y desplazamiento forzado individual y masivo, además del reclutamiento, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes (NNA), como también el uso, explotación sexual y laboral de menores en actividades relacionadas con el conflicto. Estos riesgos y vacíos en el goce efectivo de derechos que presentan las personas, requieren de garantías de protección y respuesta por parte del Estado.

• Las amenazas y violencia contra líderes y lideresas sociales, de procesos de restitución de tierras, defensores de derechos humanos y sus familiares, son una de las mayores preocupaciones del Equipo Local de Coordinación (ELC). La dinámica de la violencia armada en la región se atribuye actualmente al conflicto territorial de los grupos armados posdesmovilización (GAPD) sobre los corredores estratégicos, a través de las prácticas en economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal, principalmente en los lugares que dejan las FARC-EP, en su proceso de agrupamiento y desmovilización en el marco del Acuerdo de Paz con el Gobierno Nacional. El sur de Córdoba es escenario de grandes proyectos extractivos e incremento de los cultivos ilícitos, factores que han contribuido a una mayor militarización de la zona, causante de confrontaciones armadas y ataques contra la población civil en particular en la subregión del Nudo del Paramillo.

• Los municipios de la zona costanera y del Bajo Sinú presentan diferentes problemáticas de conflicto que afectan a la sociedad civil, como las limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso de bienes y servicios en horarios específicos, control social y violencia sexual basada en género, que afecta principalmente a mujeres y niñas, afectaciones producto del accionar de los grupos armados posdesmovilización que operan en esta subregión en el desarrollo del tráfico de drogas, aunque con menos visibilidad que en otras zonas. Estos hechos agudizan la vulnerabilidad de la población al conjugarse con las necesidades en materia de salud, agua, saneamiento e higiene y seguridad alimentaria y nutrición.

Contexto Humanitario y Retos

Desplazamiento forzado

Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), en 2016 fueron expulsadas 2.050 personas, lo cual representa una disminución del 50,8% respecto a 2015<ref>Monitor UMAIC http://monitor.umaic.org/</ref>, la disminución podría ser el resultado del subregistro de este hecho victimizante, más no un cambio total en la situación de desplazamiento de la población civil. Enfrentamientos entre grupos armados estatales y no estatales, homicidios selectivos y otros ataques contra la población civil, han sido las principales causas de estos hechos. En la región son comunes los desplazamientos interveredales e individuales, tanto en comunidades campesinas como en las comunidades indígenas zenú y embera katío, sin embargo, en la mayoría de los casos estos eventos no se denuncian por temor a represalias de los grupos armados. Con respecto a los desplazamientos masivos, las autoridades locales han manifestado su débil capacidad para la atención inmediata en caso de presentarse estos casos. Así mismo, las autoridades de los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador han manifestado que existen limitaciones de acceso para las instituciones estatales por el entorno físico, los recursos limitados y las condiciones de seguridad.

Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG)

En los últimos años se ha evidenciado una disminución paulatina en el número de víctimas por MAP/MUSE, destacándose que en 2016 se conoció el caso de una víctima<ref>Monitor UMAIC http://monitor.umaic.org/</ref>. El municipio de Tierralta concentra el 46% de todas las víctimas en Córdoba desde 1994<ref>Dirección para la acción integral contra Minas Antipersonal http://www.accioncontraminas.gov.co/estadisticas/Paginas/victimas-minas-antipersonal.aspx</ref>; en esta zona las minas han sido usadas para resguardar corredores estratégicos y zonas de cultivos de coca. Aunque los accidentes disminuyeron, existe el riesgo principalmente en la comunidad indígena embera katío del Alto Sinú, ubicada en zona rural del municipio de Tierralta, que ha sido una de las más afectadas por la presencia de explosivos en zonas destinadas para pescar, sembrar o cazar, lo cual pone en riesgo su seguridad física y el acceso a fuentes de alimentos y medios de vida<ref>Plan de Salvaguarda Étnica http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/P_S%20Ember%C3%A1%20(C%C3%B3rdoba).pdf Pág. 8</ref>.

Niños, Niñas y Jóvenes en conflicto armado

De acuerdo con información del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, en algunos municipios del sur de Córdoba, especialmente, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y Valencia, los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) reclutan y utilizan NNA e incurren en el delito de trata de personas. Este fenómeno es difícil de cuantificar, no existen estadísticas oficiales y solo se manifiesta cuando los menores se desvinculan de los grupos. En el departamento existen otros factores estructurales que propician esta problemática y requieren atención en términos de protección; las dificultades para ingresar o permanecer en el sistema educativo y la ausencia y/o baja permanencia de profesores, limita el acceso a servicios y oportunidades laborales, y genera una mayor participación en el trabajo a temprana edad en las economías ilícitas como apoyo para el sustento de cada núcleo familiar<ref>Reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Córdoba https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/colombia-reclutamiento-uso-y-utilizaci%C3%B3n-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes</ref>.

Mujeres y Niñas ante la discriminación y Violencia Basada en Género (VBG)

En el departamento se evidencian diferentes riesgos que afectan de manera particular a las mujeres de la zona rural y urbana. Según el Boletín Epidemiológico de información estadística “Violencia de Género en Colombia” presentado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), en 2016 13 mujeres fueron víctimas de homicidio, 387 víctimas de violencia sexual y 395 víctimas de violencia intrafamiliar en el departamento<ref>Ver http://www.medicinalegal.gov.co/documents/88730/4023454/genero.pdf/8b306a85-352b-4efa-bbd6-ba5ffde384b9</ref>. El subregistro es elevado debido a los temores a denunciar al agresor. En las zonas rurales, especialmente donde existe presencia de actores armados, las niñas y mujeres presentan mayor riesgo y vulnerabilidad de ser víctimas de violencia y abuso sexual. La falta de servicios y presencia institucional en varias de estas zonas, limitan el acceso a rutas de denuncia y atención, así como a sistemas de protección.

Comunidades étnicas

La población indígena de Córdoba representa el 10,3% del total de la población, destacándose las etnias emberá y zenú agrupadas en tres resguardos legalmente constituidos. En años anteriores, el 54% de las personas desplazadas en eventos masivos pertenecían a estas comunidades. La mayoría de las comunidades indígena carecen de titulación de tierras, lo que limita el desarrollo de sus actividades agrícolas para el sustento diario. En estas comunidades se evidencia la situación de vulnerabilidad con necesidades y vacíos en protección, y afectación en los sectores de seguridad alimentaria, salud, medios de vida y educación. Existe un alto nivel de necesidades humanitarias de índole multisectorial<ref>https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/assessment/informe-final-mira-comunidades-ind%C3%ADgenas-embera-kat%C3%ADo-del-alto-sin%C3%BA</ref>, agravadas por la dificultad en la generación y permanencia de los ingresos de las familias, así como cambios en las costumbres ancestrales derivados de la presencia de actores armados en su territorio, acentuando los riesgos en protección al no poder acceder efectivamente a una respuesta a sus necesidades. Por su parte, el 13,2% de la población en el departamento corresponde a afrocolombianos, concentrados en su mayoría en el municipio de San José de Uré<ref>Plan de Desarrollo departamental Córdoba http://www.cordoba.gov.co/descargas/plan_desarrollo_2016/Plan-Desarrollo-2016-2019-Unidos-Cordoba.pdf</ref>.

Confinamiento y acceso humanitario

Se han identificado situaciones crónicas que afectan en particular a las poblaciones de los municipios del sur del departamento. Según información y análisis del ELC, la población indígena ha visto limitada su movilidad por el riesgo de contaminación por minas antipersonal, presencia permanente de grupos armados no estatales y grupos armados posdesmovilización (GAPD) que intimidan e imponen limitaciones de movimiento a la población y al acceso de bienes e insumos en horarios específicos. Estas situaciones afectan significativamente la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades, y además causan retrasos en la operación humanitaria. En 2016 un paro armado decretado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia restringió las operaciones humanitarias, al igual que la movilidad y acceso a bienes servicios y asistencia de al menos 1.133.137 personas en el departamento. Aunque la afectación fue por corto tiempo se presentó temor generalizado en la población y por ende una afectación de casi la totalidad del departamento, incluida la capital, Montería.

Desastres naturales

Según cifras reportadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en 2016 resultaron afectadas 14.238 personas por desastres naturales, principalmente por vendavales e inundaciones. El departamento es propenso a inundaciones y temporadas de sequía dependiendo del período del año, configurándose una doble afectación cuando estos eventos se dan en comunidades perjudicadas por el conflicto armado. A pesar de la previsibilidad de estos eventos, son recurrentes las afectaciones en varias zonas del departamento, señalando la necesidad de acciones efectivas de preparación, prevención y puesta en marcha de planes de contingencia, además de la atención oportuna a las emergencias. Existen vacíos en términos de información y articulación a nivel local y nacional, lo que dificulta la respuesta debido a que los eventos reportados en el departamento no se reflejan en las cifras oficiales a nivel nacional. Esta situación, también se ve reflejada en las comunidades indígenas que sufren afectaciones y generalmente no reciben la atención adecuada.

Coordinación

El Equipo Local de Coordinación (ELC) actualmente se encuentra conformado por 17 organizaciones internacionales (ocho agencias del SNU, seis ONG internacionales y tres observadores). Participan como invitadas 8 ONG nacionales y 2 instituciones del estado (UARIV y SAT de la Defensoría del Pueblo). El ELC de Córdoba actúa de manera complementaria a los esfuerzos que realizan las instituciones estatales en términos humanitarios, de construcción de paz y desarrollo, a través del intercambio y análisis regular de información, así como la articulación de acciones para promover intervenciones interagenciales, multisectoriales, integrales y coordinadas, con enfoque de protección, de género y de soluciones duraderas. A través del diálogo permanente con las instituciones locales, especialmente la UARIV y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se busca potenciar las capacidades institucionales y comunitarias, impulsando las acciones de Recuperación Temprana con el fin de reducir las vulnerabilidades y generar procesos autosostenibles.

Fecha de Actualización: Marzo de 2017

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